No son pocos los gobernantes mexicanos -incluido López Obrador y varios gobernadores y exgobernadores- que durante sus campañas políticas pensaron y prometieron acabar con la delincuencia y los miles de crímenes apenas tomaran posesión del cargo. Incluso hubo algún “portentoso” personaje que se impuso un demagógico plazo de quince minutos para lograrlo.
La realidad es que México lleva cuando menos 20 largos años contabilizando cientos de miles de asesinatos e iguales cantidades de secuestros, desapariciones, violaciones, feminicidios y demás crímenes proditorios. Las cifras de muertos por el narcotráfico fluctúan entre 170 y 250 mil en ese periodo.
El día de ayer se informó que en este país casi 400 mil personas han sido desplazadas de sus lugares de origen debido a la fuerza y operaciones estratégicas del narcotráfico y la delincuencia organizada. Como dijo Gabriel García Márquez en una de sus novelas, es mejor “vivir para contarla”, que quedar bajo tierra.
Muchos medios de comunicación, a los que se han sumado importantes canales de televisión nacional, están detallando diariamente los hechos criminales más escandalosos y terribles. Aunque hay otros igual de significativos que no llegan a difundirse a ese nivel.
Aunque cueste reconocerlo, la realidad es que durante estas dos primeras décadas del siglo, las autoridades no han logrado disminuir tal cantidad de crímenes, por el contrario. Y está comprobado que no pudieron hacerlo las emanadas del panismo, del priismo y tampoco las actuales del morenismo. Fox, Calderón, Peña Nieto, y López Obrador hasta este mes, no han podido doblegar a ese espantoso monstruo de diez mil cabezas.
Esta semana Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, está presentando sus estadísticas “oficiales” para indicar la disminución de delitos. Pero para su desgracia, a su imagen prístina e intelectual, la están matando las cifras verdaderas y atroces.
Y entonces viene a la memoria el sainete diplomático armado por el presidente de la república hace pocos meses, cuando quiso que España pidiera perdón a México por los daños de la conquista provocados por Hernán Cortés hace más de quinientos años.
Parece que los que debieran pedir perdón a los mexicanos, son los expresidentes vivos y el mandatario actual, porque evidentemente les quedó grande el cargo en relación a ese enorme problema. Y la presencia de la Guardia Nacional -si se hace referencia al municipio de Coatzacoalcos y a la capital de la república- no ha tenido efecto positivo alguno.
Es claro que los fenómenos de la criminalidad competen a todos los habitantes, pero la responsabilidad para afrontarla y disminuirla es de los gobernantes que tienen a su cargo la aplicación de las leyes y ejercen los presupuestos públicos que se pagan con los impuestos de todos.
Las crecientes cifras criminales son sumamente descorteses con quien ocupa la silla del águila. El que está en Palacio Nacional, por funciones y por domicilio desde esta semana, debe recordar los altos y celosos deberes de un jefe de estado, antes que privilegiar los personalísimos asuntos de su partido y de la continuidad política.
