La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no recurrirá a la censura contra los medios de comunicación, al sostener que la libertad de expresión es un principio rector de su administración. Aclaró que, de haber existido la intención de limitar los contenidos informativos, el Poder Ejecutivo ya habría ejecutado los mecanismos legales a su alcance para lograrlo.
Las declaraciones de la mandataria surgen en medio de la controversia generada por los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, un proyecto formulado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que ha recibido señalamientos por parte de la industria, analistas y organizaciones del sector, quienes advierten sobre un posible control editorial.
Al respecto, la jefa del Ejecutivo descartó cualquier injerencia en la labor periodística y contrapuso su postura frente a las prácticas de gobiernos anteriores, donde —afirmó— se condicionaban presupuestos publicitarios o se presionaba de forma directa a las empresas para remover a comunicadores de sus espacios.
“No lo vamos a hacer nunca porque no creemos en ello, por convicción. Pero sí creemos en que el pueblo, la ciudadanía, tenga derecho a la información”, enfatizó, subrayando que la postura gubernamental frente a las publicaciones se limita al debate público desde la conferencia matutina y no al veto institucional.
El diferendo con la CIRT y el debate por las sanciones
Durante su comparecencia ante los medios, Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Puntualizó que los concesionarios formaron parte de las mesas de trabajo donde se redactó la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, logrando consensos y modificaciones a diversos artículos antes de su aprobación.
En cuanto a los lineamientos propuestos por la CRT, la presidenta puntualizó que actualmente se encuentran en etapa de consulta pública, por lo que el documento no es definitivo y permanece abierto a ajustes. Explicó que el punto central del debate radica en el esquema de sanciones y en determinar qué autoridad tendría la facultad de imponer multas en caso de que los medios omitan las recomendaciones de sus defensorías de la audiencia.
Finalmente, la mandataria reafirmó la importancia de la conferencia mañanera como una herramienta para brindar información de primera mano y ejercer el derecho de réplica, señalando que los derechos de los radioescuchas y televidentes responden a una agenda de discusión de alcance nacional e internacional que antecede a su periodo de gobierno.
