La lucha anticorrupción, la transparencia y la honestidad no han podido llegar a numerosas instituciones de gobierno generalmente designadas como Comisiones, Colegios, Institutos, Universidades o cualquier otra de las modalidades conocidas como órganos autónomos o como organismos paraestatales. 

Esta falla también ocurre en instituciones centralizadas—como las secretarías estatales—en las que se aprueba la apertura de cuentas bancarias para recibir aportaciones de terceros.

La reflexión surge a partir de las interminables informaciones periodísticas y rumores populares que desvelan fortunas sorprendentes o aparición de nuevos ricos, que coincidentemente dirigieron o dirigen tales instituciones. Con relación a estos casos, se recuerda aquella frase cínica de ambiciosos aspirantes a funcionarios: “a mí, pónganme donde hay, de lo demás, yo me encargo”.

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Con esa costumbre, hubo no hace mucho una mañosa funcionaria del sector educativo que alguna vez dijo a sus allegados: “Yo prefiero dirigir organismos paraestatales, aunque no sean muy grandes, porque allí casi no fiscalizan”. 

Precisamente durante estas semanas han salido a relucir algunas muestras de la carencia o insuficiencia de fiscalización, que han permitido el enriquecimiento de ciertos delincuentes de cuello blanco, que también utilizan para sus fines particulares esas cuentas bancarias y esas aportaciones de terceros.

Zenyazen Escobar, el secretario de educación, acaba de denunciar un faltante de recursos por más de nueve millones de pesos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). En esa área bien valdría la pena, realizar una auditoría integral desde su fundación, sobre todo respecto a la recuperación de inscripciones y cuotas escolares, que serviría para conocer los cientos de millones de pesos que se han ido por las cañerías, beneficiando a centenas de funcionarios, “mentores”, docentes” y “administrativos” que han matado la vaca o le han agarrado la pata. Varios de ellos, ondeando banderas de honorabilidad, que nadie cree.

Pero eso no es todo en la SEV. El propio Zenyasen ha hablado molesto de las irregularidades en el manejo de las cuotas escolares y de las cafeterías o tiendas en los más de 20 mil centros educativos. 

En el Colegio de Bachilleres (COBAEV) se han enquistado una serie de pillos con disfraz de educadores, convirtiendo a la institución en una formidable oportunidad financiera para ellos. Ahí han llegado como funcionarios, personas de pésimos antecedentes o carentes de atributos para la enseñanza media.   

En la Universidad Veracruzana tampoco están exentos de estas problemáticas. Los jóvenes universitarios comentan en las aulas la opacidad y la manera inequitativa en que los recursos que pagan los alumnos semestralmente, se asignan generosamente a apoyos o viajes internacionales o nacionales de profesores o representantes alumnos que bailan al son que les toca la prístina rectora Sara Ladrón. 

Y qué decir de las sangrías que por décadas han sufrido la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), sus cientos de organismos operadores y las apetecidas Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento (CMAS), instituciones que han cubierto hasta inmerecidas e irregulares liquidaciones millonarias a no pocos extitulares, y donde los recursos presupuestales han servido para sufragar viáticos de camarillas completas a finas distracciones de fin de semana, por ejemplo hace pocos años, a la carrera de la Fórmula Uno en la Ciudad de México.

El IPE no ha sido excepción, por el contrario. Allí se han beneficiado directores y líderes sindicales, y como en Fuenteovejuna, se han tapado mutuamente los crímenes financieros y los retiros de la Reserva Técnica que, con su complicidad, hicieron gobernantes irresponsables.

Todos estos casos hacen necesaria la aplicación urgente de una política de manejo financiero que asegure eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia en este tipo de instituciones. Y que la dirección de ellas no se asigne graciosamente a familiares, o como pago de facturas políticas o como meras complicidades cupulares.

Los recursos de Veracruz no deben ser usufructuados por políticos y funcionarios que piensan que las instituciones públicas son para aprovecharse de ellas como si fuesen cajas chicas para el pago de prebendas, compromisos políticos y caprichos personales. Por ningún motivo se puede permitir que Veracruz continúerepartiéndose entre unos cuantos vivales.    

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