La violencia al interior de los hogares veracruzanos se mantiene en niveles críticos dentro de los delitos de mayor impacto social en la entidad, según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Las cifras oficiales registran un total de 19 mil 714 llamadas al 911 por violencia familiar, sumadas a 7 mil 808 reportes telefónicos por agresiones ejercidas por la pareja. Esta acumulación de alertas evidencia la gravedad del problema en el territorio estatal, donde mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores resultan las principales víctimas.
Pese a los discursos institucionales que sostienen una reducción generalizada en ciertos índices delictivos, los hechos dentro de los hogares continúan figurando entre las principales causas de atención e investigación en el fuero común, a la par de conductas punibles como las lesiones dolosas y los robos.
Ante este panorama, colectivos feministas y activistas de derechos humanos han calificado como insuficientes las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado. Señalan persistentes trabas burocráticas y fallas estructurales que impiden a las víctimas interponer denuncias formalmente o acceder a mecanismos de protección y acompañamiento integral.
Entre las demandas centrales exigidas a las autoridades destacan la asignación urgente de mayor presupuesto para operar de forma efectiva las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el fortalecimiento y financiamiento continuo de la red de refugios, así como la aplicación rigorosa de los protocolos de seguridad para evitar que el entorno doméstico devenga en tentativas de homicidio o feminicidios.
