Bajo el cansino pretexto de la “ética” y el “profesionalismo”, el gobierno de Rocío Nahle ha lanzado una ofensiva abierta contra la libertad de expresión en Veracruz. La propuesta de elaborar un censo de periodistas a través de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) no es más que un intento descarado por fiscalizar, padronizar y someter el ejercicio informativo en la entidad.
Detrás de este catálogo estatal no hay un interés genuino de protección, sino una estrategia coordinada para ahogar las voces disidentes de cara a las elecciones intermedias de 2027. Al pretender arrogarse la facultad de definir quién es y quién no es periodista, el Ejecutivo estatal abre la puerta a la discrecionalidad: premiar con “certificación” y pauta a las plumas sumisas mientras se margina y precariza al periodismo independiente que cuestiona el discurso oficial.
La CEAPP y su titular: la comparsa del poder
El papel de la CEAPP en esta maniobra resulta indignante. Su presidente, Luis Ramírez Baqueiro, vuelve a confirmar su condición de mero títere institucional al servicio del Palacio de Gobierno. Resulta francamente grotesco que la misma comisión que meses atrás admitía la imposibilidad legal y convencional de crear un padrón —reconociendo las advertencias de organismos internacionales— hoy se pliegue sin recato a los caprichos del Ejecutivo.
En lugar de fungir como un escudo protector para un gremio históricamente vulnerable, la CEAPP opera como el brazo ejecutor del control político.
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│ GOBIERNO DEL ESTADO │
│ Rocío Nahle / Control Político │
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│ LA C.E.A.P.P. │
│ Luis Ramírez Baqueiro (Títere) │
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│ MECANISMO DE │ │ CONTROL DE DATOS Y │
│ CERTIFICACIÓN │ │ RIESGO DE FILTRACIÓN │
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Alineación a voces afines y Vigilancia, riesgo latente y
marginación de independientes. violación a la Convención Americana.
Arbitrariedad e inconstitucionalidad
El gremio periodístico ha reaccionado con un rechazo categórico ante lo que considera un abierto intento de amordazamiento. Las objeciones no son menores y apuntan al corazón del proyecto:
- Ilegalidad internacional: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido tajante: las licencias, colegiaciones obligatorias o registros estatales para ejercer el periodismo violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Exigir un aval gubernamental para informar es inconstitucional.
- Uso peligroso de datos personales: Entregar al Estado ubicaciones, teléfonos y datos de contacto en una entidad azotada por la violencia representa una vulnerabilidad crítica. El riesgo de filtración o uso intencionado de esta información por parte del poder político es alarmante.
- Improvisación y desdén: Que a un año y ocho meses de gestión la administración estatal pretenda “descubrir” cuántos periodistas existen evidencia el desdén histórico hacia los medios. La falta de un directorio básico desde los días de campaña expone la ineptitud del equipo de comunicación social, que ahora busca remendar su desorganización mediante la imposición.
Rumbo al 2027: sepultar el contrapeso
El trasfondo es electoral. Frente a la proximidad del proceso de 2027, el régimen busca asfixiar el único contrapeso real que le queda en el estado: la prensa crítica. Exigir la “certificación” de periodistas es el ensayo de una política represiva de mayor alcance que busca emparejarse con narrativas nacionales para acallar cualquier cuestionamiento incómodo.
El trabajo del periodismo no es aplaudir al poder, sino contrastar el discurso oficial con la amarga realidad que vive Veracruz. Pretender que sea el gobierno el que defina los parámetros del ejercicio periodístico es una contradicción democrática. En su afán por controlar la narrativa, la administración de Nahle y sus comparsas en la CEAPP terminan por retratarse de cuerpo entero: un poder intolerante a la crítica que, ante la incapacidad de debatir con hechos, prefiere recurrir al censo y a la trampa institucional.
