Este domingo los diputados locales discutirán la reforma al artículo 331 del Código Penal en materia de ultrajes a la autoridad enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez como parte de las recomendaciones hechas a su gobierno por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El diputado de Morena Luis Antonio Luna Rosales presentó la iniciativa que será votada en sesión extraordinaria durante este domingo, pero no se deroga el tipo penal de ultrajes a la autoridad, sino eliminar del artículo que la violencia verbal pueda ser tomada como ultrajes.
Hay que recordar que actualmente el Código establece que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
Además, “se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes: I. Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; II. Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; III. Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o IV. Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja”.
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De esta manera los diputados de Morena pretenden modificar el apartado II de este delito, para reemplazar el término “cualquier tipo de violencia”, por el de “violencia física”.
Además, se elimina el párrafo IV que indica “Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja”.
Cabe destacar que el pasado 31 de enero se dio entrada a la iniciativa del Gobernador que derivó de la recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) luego que policías estatales incurrieron en una presunta violación de derechos humanos de siete jóvenes en un centro comercial de Xalapa.
