- ¿El norte y centro de Veracruz en riesgo por el fracking? Un informe de CartoCrítica revela las alarmantes cifras de agua y millones de dólares necesarios para explotar la provincia Tampico-Misantla.
El potencial desarrollo de la fracturación hidráulica (fracking) en la zona petrolera Tampico-Misantla generaría afectaciones directas en el norte y centro del estado de Veracruz, al ubicarse dentro de la franja con mayor interés para la extracción de hidrocarburos no convencionales en México. Así lo establece el informe Fracking sin coordenadas públicas, elaborado por la organización CartoCrítica.
El documento detalla que esta provincia petrolera abarca desde el sur de Tamaulipas, la Huasteca potosina e hidalguense, hasta el norte y centro de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla. En esta delimitación geográfica se localizan las áreas potenciales, prospectivas y prioritarias para la extracción de aceite y gas húmedo.
El consumo de agua y la inversión económica para la extracción de hidrocarburos
De acuerdo con la investigación, la recuperación del 10% del recurso prospectivo en Tampico-Misantla requeriría la perforación de 21 mil 611 pozos. Este procedimiento implicaría el uso de 1 mil 620.8 millones de metros cúbicos de agua dulce. A cambio, se obtendría el equivalente a 5.9 años del consumo nacional de petróleo.
En el aspecto financiero, la inversión estimada para dicha explotación superaría los 302 mil millones de dólares, cifra que cuadruplica el presupuesto anual total de Petróleos Mexicanos (Pemex). El despliegue operativo requeriría la construcción de caminos, ductos, infraestructura para el transporte de agua, manejo de residuos, tránsito pesado y la ocupación recurrente del territorio.
Población indígena y vulnerabilidad social en las zonas de extracción
El informe de CartoCrítica señala que el impacto potencial del proyecto abarca un radio de 15 kilómetros en las áreas no convencionales de Tampico-Misantla, zona donde habitan 4 millones 433 mil 535 personas.
Dentro de esta población se identifican 871 mil 066 personas hablantes de lengua indígena, pertenecientes a los pueblos nahua, totonaco, tepehua, otomí y téenek, cuyos derechos colectivos y organización comunitaria se registrarían dentro del área de influencia.
Asimismo, el análisis socioeconómico muestra las siguientes condiciones de vulnerabilidad en la región:
- 946 mil 644 personas no cuentan con derechohabiencia a servicios de salud.
- 148 mil 339 viviendas carecen de acceso a agua entubada.
- 188 mil 128 viviendas no tienen sistema de drenaje.
Afectaciones en localidades rurales y propiedad social de la tierra
La distribución demográfica del área de exposición incluye 132 localidades urbanas y 13 mil 521 localidades rurales. El reporte indica que en el ámbito rural el monitoreo, la atención temprana y la exigencia de reparación de daños presentan mayores dificultades estructurales.
Por otra parte, la propiedad social de la tierra representa el 41% de la superficie de interés petrolero en Tampico-Misantla, lo que equivale a más de 1.4 millones de hectáreas. Esta delimitación involucra directamente a 2 mil 081 ejidos y comunidades agrarias.
Disponibilidad de agua local y recursos marginales
El análisis hídrico advierte que el 74.9% del agua requerida por la técnica del fracking se concentraría en zonas donde la operación consumiría entre el 50% y el 100% de la disponibilidad local. Además, el 8.6% del volumen necesario tendría que extraerse de cuencas o acuíferos que actualmente no registran disponibilidad.
Nota de la redacción: El documento aclara que, si bien existe una provincia petrolera denominada “Veracruz”, sus recursos no convencionales se consideran marginales en comparación con los de Tampico-Misantla, motivo por el cual no se incluyó en la reconstrucción cartográfica principal.
El informe concluye que el desarrollo de esta actividad en la región norte y centro de Veracruz implicaría una intervención territorial de gran escala, donde los beneficios energéticos proyectados corresponden al corto plazo frente a los riesgos acumulativos en materia de recursos hídricos, salud pública y derechos de las comunidades rurales e indígenas.
