Antulio Ficachi
En política los retirados nunca se van; sólo cambian de micrófono. Y justo cuando la conversación giraba entre acusaciones, expedientes y señalamientos desde Washington, reapareció Andrés Manuel López Obrador para recordar que le preocupa el tablero.
Desde ‘La Chingada’, el expresidente salió en defensa de Claudia Sheinbaum y desempolvó una tesis conocida: el problema no es la Casa Blanca, sino funcionarios empeñados en debilitar a Morena y apuntalar a una oposición que sigue buscando oxígeno.
Vaya tragicomedia.
López Obrador recurrió a referencias históricas para denunciar la repetición de mentiras, aunque olvidó las que durante años desfilaron desde el púlpito mañanero bajo el sello de los “otros datos”.
¿De qué tamaño será la turbulencia en Morena y en Palacio Nacional para activar el botón de emergencia y recurrir al fundador del movimiento? Parece que el problema no está sólo en Washington, sino en casa.
En el fondo, el mensaje de AMLO se resume en una súplica política: “¡Por el bien de todos, que regrese el otro Trump!”. Aquel con el que podía presumir entendimiento y fotografías.
Pero, “Shit happens”. O como dirían en Macuspana: son cosas que pasan.
Si todo estuviera bajo control, el expresidente seguiría cuidando sus ceibas y no al régimen ni a los gobernadores que el inventó.
Tal vez el reportaje de Los Angeles Times no hizo más que exhibir lo que desde hace tiempo circulaba en el ambiente público. Tal vez abrió una grieta donde el obradorismo presumía tener un muro; un muro construido con el discurso de la honestidad política y hoy sometido a graves acusaciones, señalamientos y sospechas que cruzan la frontera con facilidad.
Por eso los retirados regresan al servicio activo. Porque cuando la conversación deja de girar en torno a los logros y comienza a hacerlo sobre investigaciones, expedientes y presuntos vínculos con el crimen organizado, la prioridad no es gobernar la narrativa, sino evitar que la etiqueta de “narcopresidente” se convierta en una conversación imposible de contener.
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¿En qué se parecen las visas a las amistades en política? En que nadie sabe exactamente cuándo comienzan, pero todo mundo se entera cuando terminan.
La novedad llegó desde Los Ángeles, aunque no por una alfombra roja. Un reporte periodístico colocó a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal en una categoría poco frecuente para figuras de la 4T: investigados por autoridades estadounidenses y sin visa vigente.
Lo curioso es que, según la misma versión, ambos seguirían ingresando a territorio estadounidense mediante un mecanismo denominado “beneficio público significativo”. Es como cuando al socio le cancelan la membresía, pero le siguen abriendo la puerta por la entrada de proveedores.
Desde Palacio Nacional insisten en que todo debe resolverse conforme a las leyes mexicanas. Del otro lado del Río Bravo parecen compartir la idea, aunque aplicando las estadounidenses. La discusión de la soberanía es tan fuerte como los expedientes que cruzan fronteras con una velocidad que muchos migrantes quisieran.
Por eso no son pocos los que comenzaron a revisar cajones, portafolios y pasaportes. Porque cuando la revisión alcanza gobernadores, alcaldes y operadores políticos, nadie sabe dónde termina la lista de espera.
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En Xalapa también hubo anuncios. Menos estridentes, aunque igual de simbólicos.
La Dirección de Cultura presentó cinco convocatorias para proyectos artísticos y comunitarios con una bolsa de 568 mil pesos. Una cifra suficiente para confirmar que la cultura existe, aunque insuficiente para demostrar que es prioridad.
La comparación es que el Ayuntamiento ejercerá más de dos mil millones de pesos este año. La cultura recibirá una cantidad equivalente a lo que destinan a una campaña de imagen para explicar resultados que todavía no aparecen.
La buena noticia es que los proyectos serán evaluados por un comité externo. La mala es que en México los comités suelen ser tan independientes como los árbitros que designan los propios equipos.
Por eso varios recordaron a Cantinflas. Porque, efectivamente, ahí está el detalle: el problema nunca es quién reparte el dinero, sino quién decide que merece recibirlo.
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En otra ventanilla municipal, el director de Desarrollo Económico, Fernando Arana Watty, presume quince bares clausurados en lo que va del año.
La autoridad habla de refrendos y reglamentos. Los empresarios hablan de trámites interminables. Los vecinos hablan de ruido. Los músicos hablan de desempleo.
Cada quien tiene su versión. Lo único que parece existir como política pública es una campaña permanente en redes sociales.
En el Ayuntamiento parecen convencidos de que gobernar y publicar son actividades equivalentes. Como si los problemas económicos pudieran resolverse acumulando reacciones o compartiendo infografías.
En la administración de la señora Daniela Griego, el silencio se ha convertido en la actividad nocturna de mayor crecimiento. No precisamente en los bares, sino en algunas oficinas donde hace tiempo dejaron de escuchar lo que ocurre afuera.
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En el Club Britania Xalapa continúa una disputa que algunos insisten en convertir en telenovela de temporada.
Los comunicados, filtraciones y conferencias improvisadas acumulan más capítulos que los propios expedientes judiciales, los cuales han resultado favorables al Consejo de Administración que preside Gerardo Garza.
Mientras los exsocios expulsados Marcos Salas, Héctor Garza Yañez y Ángel Lara Platas buscan trasladar la contienda a los medios de comunicación, la otra parte mantiene el litigio donde corresponde: en los tribunales.
Algo huele mal entre quienes más gritan. No es casualidad que el conflicto haya migrado de los tribunales a las redacciones; generalmente ese traslado ocurre cuando los argumentos legales comienzan a escasear y los mediáticos abundan.
Por lo pronto, es evidente que el Club no maneja dinero público. Pero las versiones, acusaciones y documentos sin sustento circulan de mano en mano y en WhatsApp, entre jueces inquisidores e ignorantes ilustrados.
Es mejor escuchar y hacer caso a los socios más veteranos: si el asunto es entre particulares, quizá lo prudente sea dejar el derecho a los jueces y el chisme a los chismosos.
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Y en las Altas Montañas el olor político sigue saliendo del relleno sanitario regional.
Hace tiempo que la discusión dejó de ser sobre basura. Ahora gira alrededor de concesiones, denuncias de despojo, predios en litigio y señalamientos que alcanzan al diputado Zenyazen Escobar y al exprocurador ambiental Sergio Rodríguez Cortés.
Entre abogados, empresarios y funcionarios vuelan expedientes mientras decenas de municipios continúan depositando toneladas de residuos en el mismo lugar.
Al final, la basura parece ser el negocio más estable de Veracruz. Siempre encuentra espacio, administrador y cobrador.
Por eso la pregunta no es quién tira los desperdicios. La verdadera incógnita es quién convirtió el basurero en un negocio tan rentable que medio mundo pelea por administrarlo y nadie parece dispuesto a soltar las llaves.








