El crimen organizado ha diversificado su catálogo delictivo en México. Ya no sólo se trata de narcotráfico o extorsión: la apropiación ilegal de terrenos agrícolas, viviendas y predios de alta plusvalía se ha consolidado como un negocio multimillonario sustentado en el contubernio con autoridades locales en al menos 11 entidades del país.
Veracruz se ubica en el núcleo de esta problemática, compartiendo la lista de focos rojos junto al Estado de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Colima. En la entidad veracruzana, las denuncias y protestas ciudadanas exhiben la operación de una red donde convergen grupos delictivos, funcionarios públicos de distintos niveles y los llamados “cárteles notariales”.
El informe oficial e indicadores clave revelan la magnitud de la crisis:
- Víctimas en aumento: Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizan 15 mil 311 víctimas de despojo en el país durante el primer semestre de 2026.
- Cifras negras e investigación: En México existen cerca de 45 mil carpetas de investigación abiertas por este delito, concentrando la CDMX y el Edomex el 30% de los casos, según datos de Jorge Paredes, CEO de Realty Experts.
- Impunidad casi absoluta: Análisis de México Evalúa señalan que el 96.36% de los despojos quedan impunes en el territorio nacional.
Redes de complicidad y vulnerabilidad
El modus operandi combina la violencia directa con la ingeniería legal: desde la alteración química de protocolos pertenecientes a notarios fallecidos y la suplantación de identidad, hasta el uso del aparato judicial para encarcelar y amedrentar a los dueños legítimos. Mientras en estados como Chiapas, Michoacán o Chihuahua el fenómeno provoca el desplazamiento forzado de familias completas, en regiones con mayor dinamismo económico se recurre a la falsificación sofisticada de escrituras para arrebatar predios baldíos y fincas urbanas.
La vulnerabilidad social agrava el panorama desde hace 8 años. El 40% de las víctimas a nivel nacional son adultos mayores de 60 años, blanco frecuente de engaños y falsificaciones. Entre la escasez de vivienda, la alta densidad poblacional y la inacción de las fiscalías, la impunidad en Veracruz y el resto del país mantiene indefenso el patrimonio de miles de familias.
