Si el Organismo Público Local Electoral confirma el triunfo de Cuitláhuac García Jiménez el próximo miércoles en la elección de la gubernatura, entonces el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tendrá que iniciar de inmediato el proceso de entrega-recepción, pues el propio mandatario estatal publicó una ley que así lo establece.
Además todo su equipo de colaboradores estará sujeto a rendir cuentas ante la nueva administración, con la advertencia que de no hacerlo, podrán enfrentar consecuencias penales.
Desconociendo que un partido de oposición iba a ganar la elección a gobernador, el pasado 16 de octubre de 2017 publicó en la Gaceta Oficial del Estado la Ley para la Entrega Recepción del Poder Ejecutivo.
Previendo que la gubernatura quedaría en manos de alguien de su partido, planteó en la ley, la obligación de todos los ex servidores públicos de atender cualquier llamado por parte de la nueva administración para aclarar o solventar irregularidades, con la advertencia que de no hacerlo, podrían derivarles acciones legales en su contra.
Aunque este lunes, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dejó en claro que no reconocería ninguna tendencia electoral (que hasta el momento favorecen al candidato de MORENA, Cuitláhuac García), sino iba a esperar el cómputo oficial por parte del OPLE, y que esperaría el momento legal para iniciar la entrega-recepción, conforme a la ley que publicó, dicho momento es inmediato.
Conforme a la Ley de Entrega Recepción del Poder Ejecutivo, dicho proceso administrativo consta de tres etapas. La primera ya debió haber sido cumplida por su administración, pues era de enero al mes de abril donde debía integrar de manera paulatina los documentos y tener la oportunidad de analizar, conciliar, consolidar y verificar la información del expediente de e.
En la segunda etapa, en los meses de mayo a agosto, se integrarán documentos de tipo financiero; de control y fiscalización, y de compromisos institucionales.
Y finalmente la tercera etapa tendrá lugar en los meses de septiembre a noviembre; en octubre se realizará un ensayo de entrega con la información antes citada, a fin de conocer los avances del proceso de preparación de la transmisión institucional y tomar las medidas preventivas o correctivas.
En el artículo 29 de la citada ley, que publicó el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se establece: “si en un período de treinta días hábiles el servidor público entrante identifica omisiones o irregularidades en los documentos e información recibidos, deberá hacerlas del conocimiento inmediato del Órgano Interno de Control o de la Contraloría Interna correspondiente, quien citará a los ex servidores públicos, para que expresen lo que a su interés convenga respecto de las observaciones, presenten información, documentos complementarios o aclaraciones. La respuesta se producirá en un plazo no menor a tres ni mayor a quince días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación”.
Luego de ello, se advierte que si ex servidor público no atiende el llamado, entonces podrá enfrentar consecuencias legales.
