Una jueza federal con sede en Coatzacoalcos ordenó la suspensión inmediata de las actividades que han provocado el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, con la posibilidad de clausurar pozos y detener el transporte de combustibles responsables de la contaminación.
La resolución fue emitida por Alejandrina Maldonado Martínez, titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito, al conceder una suspensión provisional a Juan Carlos Atzin Calderón, representante de la organización civil «En el Corazón está el Cambio».
El fallo establece que las autoridades deben frenar de inmediato los actos que generan el derrame, lo que incluye la posible clausura temporal de instalaciones petroleras y la paralización de operaciones de transporte de hidrocarburos en la zona afectada.
Asimismo, la resolución contempla medidas urgentes de remediación ambiental. Entre ellas, la limpieza inmediata de playas, manglares y áreas marinas impactadas, obligando a Pemex u otras empresas responsables a reparar el daño de forma expedita.
La jueza también ordenó acciones para proteger la fauna silvestre, como delfines, tortugas y manatíes, así como restricciones al uso de sustancias que puedan agravar la contaminación en los ecosistemas ya afectados.
El fallo subraya que la medida busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, evitando impactos mayores en la salud y en la economía de comunidades costeras, particularmente en sectores como la pesca y el turismo.
La suspensión deriva de un juicio de amparo promovido por la organización civil contra presuntas omisiones de las autoridades para aplicar el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos en zonas marinas.
La juzgadora otorgó un plazo de 48 horas a dependencias federales, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para rendir un informe sobre la situación.
De forma paralela, el juez Ulises Oswaldo Rivera González, con sede en la Ciudad de México, concedió otra suspensión provisional en la que instruyó a la PROFEPA a ejecutar todas las acciones necesarias para contener y remediar los daños ocasionados.
De acuerdo con organizaciones ambientalistas, el derrame habría iniciado desde febrero en un ducto subterráneo del complejo Cantarell y actualmente se extendería por aproximadamente 630 kilómetros a lo largo del litoral del Golfo de México.
