Una millonaria red inmobiliaria tejida en el extranjero durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa fue desmantelada silenciosamente en los tribunales y registros de Estados Unidos, dejando ganancias multimillonarias para sus operadores antes de que la justicia mexicana pudiera intervenir.
Entre 2016 y 2019, al menos 49 propiedades ubicadas en el condado de Miami-Dade, Florida, fueron vendidas masivamente por montos que superaron los 11.9 millones de dólares, de acuerdo con documentos oficiales de bienes raíces de la localidad norteamericana.
La red de prestanombres y la desbandada
Las investigaciones de las autoridades mexicanas identificaron estos inmuebles como parte del entramado financiero utilizado para ocultar el presunto desvío de recursos públicos del erario veracruzano. En los registros de las transacciones destacan los nombres de empresarios clave señalados como presuntos testaferros del exmandatario:
- Moisés Mansur Cysneiros
- Zury Mansur
- Iñaki Negrete
La liquidación de los bienes comenzó en el momento más crítico del escándalo político. La primera venta registrada ocurrió el 19 de octubre de 2016 —tan solo 48 horas después de que Duarte solicitara licencia y se diera a la fuga—. En esa fecha, la firma Azerco LLC vendió una residencia en la zona de Cutler Bay por 235 mil dólares.
Inacción legal y recuperación frustrada
Aunque el Gobierno del Estado de Veracruz promovió en 2018 una demanda civil en cortes de Florida para reclamar 41 propiedades y una ostentosa residencia valuada en 7.7 millones de dólares en la exclusiva zona de Cocoplum, la estrategia legal llegó tarde.
Para cuando las autoridades entablaron el recurso legal en EE. UU., 30 de los 42 inmuebles reclamados ya habían sido comercializados, generando un flujo superior a los 7 millones de dólares que escapó del alcance institucional.
Javier Duarte fue capturado en Guatemala en 2017 y extraditado a México, donde en 2018 se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, recibiendo una condena de nueve años de prisión. Mientras el exgobernador enfrentaba su proceso penal, en el extranjero el capital inmobiliario ligado a su gestión terminó por diluirse en el mercado privado.
