Lo que comenzó en mayo de 2018 con una modesta adjudicación directa por 27 mil 642 pesos para surtir diez émbolos y sensores sanitarios evolucionó, con el paso de los años, en una red de contratos gubernamentales millonarios que superan los 500 millones de pesos.
De acuerdo con una investigación publicada por el periodista Pedro Villa y Caña en El Universal, Amílcar Olán Aparicio —empresario tabasqueño y cercano a Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”— firmó su primer contrato federal apenas dos semanas antes de la jornada electoral que llevó a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Aquella transacción inicial fue celebrada en Villahermosa a través de la empresa Castel con la entonces Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa), hoy rebautizada como Innova Bienestar y adscrita a la Secretaría de Ciencia (Secihti).
Contratos testados y opacidad institucional
El expediente del contrato 42477 detalla la adquisición de cinco émbolos y cinco sensores electrónicos para fluxómetros. Sin embargo, llamó la atención que diversos datos clave de la empresa fueron testados por la autoridad bajo el argumento de confidencialidad enmarcada en la Ley General y Federal de Transparencia.
Información elemental como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), números telefónicos, cuentas bancarias y el domicilio fiscal fueron censurados. La institución justificó la medida al señalar que no existía certeza de que la dirección correspondiera exclusivamente al negocio y no a un domicilio particular, aplicando el mismo criterio para las líneas telefónicas.
Del material sanitario al negocio inmobiliario y farmacéutico
El salto en las dimensiones contractuales de las empresas de Olán Aparicio se consolidó durante los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación y la administración estatal en Tabasco, encabezada en su momento por Adán Augusto López Hernández.
Registros oficiales de la Plataforma Nacional de Transparencia documentan convenios de otra de sus empresas, Romedic S.A. de C.V., con dependencias como la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), por montos que rebasan el millón y medio de pesos en suministros médicos. Investigaciones previas de organizaciones civiles apuntan a que, entre 2020 y 2022, recursos federales del extinto Insabi por más de 490 millones de pesos fluyeron hacia las cuentas de esta misma compañía.
A estas operaciones se suman contratos de arrendamiento inmobiliario con el Consejo de la Judicatura Federal y el Órgano de Administración Judicial por más de 18 millones de pesos para albergar tribunales en Villahermosa, formalizados ante la Notaría Pública número 27, de la cual es titular el propio Adán Augusto López Hernández.
