Por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se mantiene abierta la posibilidad de reinstalar en sus cargos al expresidente municipal de Actopan, José Paulino Domínguez y a la exsíndica, Jazmín Palmeros Barradas.

La Segunda Sala del máximo tribunal del país declaró infundado el recurso de reclamación 74/2020 interpuesto por el organismo encabezado por Verónica Hernández Giadáns.

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Con mayoría de 4 votos de los ministros de dicha Sala, se validó el trámite de la controversia constitucional 17/2020 iniciado por los exfuncionarios mencionados cuando formaban parte del Ayuntamiento de Actopan.

Ante la decisión de suspender la ejecución de la revocación por parte de la Corte, conforme lo que dispone el numeral 38 de la Ley de juicio político y declaración de procedencia, el Congreso podría informar al juez de control que libró las órdenes de aprehensión para que suspenda el proceso penal en su contra.

Hay que recordar que el alcalde y la Síndica no fueron desaforados. El artículo citado señala:

Cuando se haya incoado proceso penal en contra de alguno de los servidores públicos mencionados en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado, sin haber agotado el procedimiento para la Declaración de Procedencia, el Congreso del Estado o, en su caso la Diputación Permanente, librará oficio al juez que conozca la causa, a fin de que suspenda el proceso.

Y es que en marzo de 2020 la Corte admitió la demanda de José Paulino Domínguez y de la exsíndica Jazmín Palmeros Barradas en contra de la Fiscalía, luego de que la Fiscalía Especializada Anticorrupción solicitó la revocación de mandato de ambos para procesarlos.

Con el incidente de suspensión los magistrados ordenaron no ejecutar la revocación hasta pronunciarse de fondo y resolver la controversia constitucional interpuesta por el alcalde y la Síndica; pese a ello fueron removidos del cargo por determinación del pleno del Congreso local el 4 de marzo de 2020.

La Fiscalía del Estado procedió en contra de la admisión de la controversia, así como la suspensión concedida para el efecto de que no se ejecutará la orden del Congreso de revocar los cargos del alcalde y su síndica.

Hay que destacar que la interposición del recurso de reclamación no suspendía el cumplimiento de la orden de la SCJN para reinstalar a Paulino Domínguez y a Yazmín Palmeros, medida que no se realizó por la LXV Legislatura.

Luego de su revocación José Paulino Domínguez fue considerado prófugo de la justicia y Jazmín Palmeros Barradas fue detenida y vinculada a proceso por presunta corrupción durante su período en el cargo de Síndica.

Impedidos para reasumir sus cargos, el Congreso debía llamar al alcalde suplente Alfredo López Carreto, lo que fue validado en una sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según el Juicio de Protección de Derechos Políticos Electorales del Ciudadano TEV-JDC-30/2020.

Sin embargo, La Fiscalía logró que López Carreto fuese vinculado a proceso por un juez local por presuntas amenazas en contra del periodista Celestino Ruiz, quien fue asesinado en agosto de 2019, aunque al no estar sentenciado y seguir su proceso en libertad podría asumir las funciones de presidente suplente.

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