- Comunidades logran fallo histórico, pero enfrentan rezagos institucionales y riesgos ambientales en toda la cuenca*
El río La Antigua, que recorre cerca de 148 kilómetros desde la Sierra Madre Oriental hasta el Golfo de México y atraviesa 27 municipios, enfrenta un deterioro crítico por contaminación de aguas residuales, poniendo en riesgo actividades económicas, salud pública y ecosistemas estratégicos.
Miles de habitantes dependen del afluente para pesca, turismo y deporte. Sin embargo, descargas sin tratamiento han elevado los niveles de bacterias como Escherichia coli en toda la cuenca, rebasando los límites seguros para contacto humano y vida acuática, según monitoreos comunitarios realizados en 2022.
Para las comunidades, el río no solo es un recurso natural, sino un elemento central de identidad y sustento. Esa relación detonó procesos organizativos que se remontan a 2013, cuando pobladores se movilizaron contra un proyecto hidroeléctrico impulsado por la constructora Odebrecht. La iniciativa contemplaba una presa de gran escala, finalmente cancelada tras años de resistencia social.
Aunque ese proyecto fue frenado, nuevas amenazas surgieron. En 2018, un decreto federal eliminó vedas hídricas en varias cuencas, incluida La Antigua, lo que abría la puerta a concesiones de hasta 70 % del caudal a privados. Comunidades interpusieron recursos legales y, en 2020, un juez declaró inconstitucional la medida.
Paralelamente, la falta de información oficial llevó a organizaciones locales a implementar monitoreo ciudadano con apoyo de la red Global Water Watch. Durante un año, más de 40 personas analizaron 13 puntos del río, confirmando contaminación generalizada por descargas de drenaje sin tratamiento.
Con estos datos, colectivos promovieron un amparo por violación al derecho a un ambiente sano. En 2025, una jueza federal ordenó a la Comisión Nacional del Agua, a 12 ayuntamientos y a organismos operadores implementar acciones inmediatas para reducir la contaminación.
El fallo judicial se considera un precedente relevante en materia ambiental, al basarse en evidencia generada por la propia ciudadanía y en el principio precautorio.
No obstante, la respuesta institucional ha sido desigual. Mientras algunos municipios han iniciado acercamientos técnicos, otros han impugnado la resolución. La falta de infraestructura sanitaria —incluyendo plantas de tratamiento inoperantes— sigue siendo uno de los principales obstáculos.
El problema trasciende lo local. La cuenca conecta zonas protegidas como el Parque Nacional Cofre de Perote y el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, por lo que la contaminación impacta también ecosistemas marinos. Investigaciones recientes advierten que sedimentos, bacterias y residuos transportados por el río generan estrés ecológico en arrecifes, pérdida de biodiversidad y afectaciones a la salud.
Especialistas señalan que las descargas —directas e indirectas— han incrementado en los últimos años, incluyendo aguas urbanas, agrícolas e industriales, así como residuos sólidos.
Frente a este panorama, comunidades agrupadas en el colectivo PUCARL han transitado de la resistencia a la gestión activa del saneamiento. A través de asambleas regionales, promueven diagnósticos, coordinación técnica y presión institucional para atender el problema.
El reto, coinciden, es político: obligar a autoridades a cumplir con su responsabilidad en el tratamiento de aguas y conservación del río.
Tras más de una década de organización, los pobladores enfrentan ahora una fase distinta: no solo evitar proyectos de alto impacto, sino revertir el daño acumulado y garantizar la viabilidad ambiental del río para futuras generaciones.
