- Obligan a todos los empleados a firmar una ‘Carta compromiso” de la honestidad por si no aparece sola
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) publicó el pasado 19 de mayo su nuevo Código de Conducta y lo presentó como la guía moral que deberá orientar a miles de servidores públicos bajo los principios de legalidad, transparencia, integridad y rendición de cuentas.
Pero, si todo eso ya era obligación legal, ¿por qué fue necesario redactar decenas de páginas para recordarlo?
Sobre el papel, la dependencia promete una administración donde el mérito sustituya a las recomendaciones, la transparencia derrote a la discrecionalidad y el interés público venza a los intereses de grupo. En los hechos, el documento parece menos una guía ética y más un catálogo de conductas que algún “talentoso cerebro” consideró necesario prohibir.
El código, firmado por la secretaria Claudia Tello Espinosa, repite una y otra vez que los funcionarios no deben aceptar dádivas, favorecer intereses particulares, utilizar recursos públicos para fines privados, hostigar personal o manipular información.
La insistencia sorprende. Nadie publica un manual para evitar problemas inexistentes. Cuando una dependencia dedica páginas enteras a prohibir favoritismos, conflictos de interés y abusos de poder, termina reconociendo cuáles son sus deficiencias más recurrentes.
El documento asegura que las contrataciones deberán realizarse por mérito. La afirmación convive con una realidad conocida dentro de la administración pública: los cargos suelen otorgarse por recomendación política más que por convocatoria pública.
La SEV también presume mecanismos de denuncia anónima y protección contra represalias. El detalle reconoce, sin decirlo expresamente, que en muchas oficinas públicas denunciar puede convertirse en una actividad de alto riesgo para quien denuncia y de bajo impacto para quien es denunciado.
Como complemento, la dependencia decidió obligar a miles de trabajadores a firmar una carta compromiso para aceptar formalmente el nuevo código. La medida provocó cuestionamientos inmediatos. Si el cumplimiento de las normas ya es obligatorio para cualquier servidor público, ¿qué necesidad existe de exigir una firma adicional? La respuesta parece más cercana al control administrativo que a la construcción de una cultura ética.
Algunas disposiciones incluso generan dudas sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales de los trabajadores debido a conceptos amplios y sujetos a interpretaciones discrecionales. Es decir, mientras el documento habla de libertades, también abre espacios para restricciones definidas desde la propia autoridad.
Así, el nuevo Código de Conducta termina funcionando como dos textos simultáneos. El primero describe la administración pública que la SEV quisiera proyectar. El segundo exhibe, entre líneas, los problemas que existen en la estructura educativa.
La prueba no estará en la Gaceta Oficial ni en las cartas compromiso archivadas en algún escritorio.
Estará en los nombramientos que se otorguen, en las plazas que se asignen, en las auditorías que se permitan, en las denuncias que prosperen y en las sanciones que realmente alcancen a funcionarios con poder.
La ética burocrática no se acredita con una firma. Se acredita cuando las reglas dejan de aplicarse únicamente a los de abajo y comienzan a alcanzar a quienes las redactan.
