El atípico registro de ciudadanos interesados en vigilar los comicios de 2027 en territorio veracruzano encendió las alertas de los partidos de oposición, quienes exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) auditar los perfiles ante la sospecha de una posible operación de infiltración por parte de Morena y operadores de programas federales.

De acuerdo con los reportes oficiales del organismo electoral, de las mil 774 peticiones recibidas a nivel nacional para fungir como observadores en el próximo proceso, 884 corresponden únicamente a Veracruz, lo que significa que la entidad acapara prácticamente la mitad (49.8%) del total del país.

Focos rojos en tres distritos El grueso de estas solicitudes no se distribuye de manera uniforme en el estado, sino que se concentra en tres demarcaciones específicas que suman 481 registros —el 54.4% del padrón estatal de aspirantes—:

  • Distrito 16 (Córdoba): 219 solicitudes.
  • Distrito 15 (Orizaba): 135 solicitudes.
  • Distrito 10 (Xalapa): 127 solicitudes.

Exigen cruce con padrones gubernamentales 

Ante este escenario, la representación del partido Somos demandó al INE cruzar las bases de datos de los solicitantes con las nóminas de funcionarios públicos. El objetivo, señalaron, es frenar el ingreso de militantes guindas y, particularmente, de los denominados “Servidores de la Nación”, encargados de la dispersión de apoyos sociales del Gobierno federal.

Los inconformes advirtieron que permitir el acceso a perfiles con intereses partidistas desvirtúa la figura ciudadana de la observación electoral y abre la puerta a la injerencia en las casillas, replicando presuntas irregularidades que, aseguran, ya se presentaron durante la reciente elección del Poder Judicial.

La postura del árbitro electoral 

Por su parte, la autoridad electoral descartó, de momento, la existencia de anomalías. La consejera del INE, Carla Humphrey, puntualizó que la alta densidad de registros en ciertos distritos veracruzanos no constituye por sí misma una prueba de intromisión política, aunque garantizó que cada expediente será sometido a una revisión estricta para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley antes de otorgar cualquier acreditación.

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