En la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz trascendió la posible renuncia del subsecretario de Ingresos Aniel Alberto Altamirano Ogarrio, así como otros directores de área, luego de que se revelara en Palabras Claras una omisión relevante en la Ley de Ingresos 2026 que podría derivar en inconsistencias legales sobre el manejo de la deuda pública.
De acuerdo con información difundida, el ordenamiento aprobado por la LXVII Legislatura no contempla disposición alguna que autorice al Ejecutivo estatal a contratar financiamientos ni a refinanciar o sustituir deuda. Esta ausencia contrasta con versiones oficialistas que señalaban la posibilidad de endeudamiento sin autorización del Congreso local, lo que encendió alertas sobre una eventual ilegalidad en la reestructuración de más de 4 mil 860 millones de pesos con BBVA México.
El decreto vigente establece un presupuesto de 177 mil 408 millones de pesos bajo criterios de disciplina fiscal, sin nuevos impuestos ni endeudamiento adicional. En ese marco, la legislación aplicable señala con claridad que cualquier operación de refinanciamiento que implique la contratación de nuevos créditos requeriría autorización expresa del Poder Legislativo.
La clasificación detectada a nivel federal como “refinanciamiento sin autorización” sugiere una posible contravención a los procedimientos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera, particularmente en lo referente a la validación previa del Congreso.
En ese contexto, la omisión atribuida a funcionarios de la Secretaría de Finanzas podría derivar en un eventual recorte de participaciones federales, evidenciando deficiencias en el perfil técnico de los servidores públicos designados en la administración de la gobernadora Rocío Nahle.
Hasta el momento, la dependencia estatal no ha emitido una postura oficial sobre estos señalamientos.
