Veracruz concentra el mayor número de fosas clandestinas en el país, con un registro de 668 sitios localizados entre 2006 y 2023, según el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre” elaborado por Causa en Común.
El documento ubica a la entidad por encima de estados históricamente afectados por la violencia del crimen organizado, como Tamaulipas y Sinaloa, lo que confirma la dimensión del problema en territorio veracruzano.
A pesar de este liderazgo en hallazgos, la recuperación de cuerpos no avanza al mismo ritmo. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han exhumado 226 cuerpos en la entidad, cifra que queda por debajo de otras regiones del país, de acuerdo con el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
En comparación, Jalisco reporta 808 cuerpos recuperados y Sonora suma 578, lo que evidencia una mayor capacidad operativa en esas entidades.
El rezago también se refleja en la identificación de restos humanos. A nivel nacional, hasta el cierre de 2023 se contabilizaban 10 mil 159 restos sin identificar, equivalentes al 44% del total bajo resguardo institucional, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Veracruz figura entre los estados con mayor acumulación de restos sin identidad, lo que pone en evidencia las limitaciones de su infraestructura forense. La entidad dispone únicamente de un centro especializado de resguardo, en contraste con entidades como Coahuila o Sinaloa, que cuentan con varios espacios de este tipo.
La falta de información sistematizada agrava el panorama. El informe advierte que no existen datos públicos suficientes para evaluar avances en la localización de fosas ni en los procesos de identificación, lo que impide dimensionar la evolución real del fenómeno.
De acuerdo con el INEGI, en el país operan 968 laboratorios forenses, pero solo 60 tienen capacidad para almacenar restos humanos, lo que limita la respuesta institucional frente a la crisis.
Ante este escenario, Causa en Común señaló inconsistencias en la información oficial y deficiencias en la rendición de cuentas. Como parte de sus recomendaciones, planteó fortalecer los recursos para comisiones de búsqueda, fiscalías y servicios periciales, así como implementar un Programa Nacional de Exhumaciones y transparentar los registros relacionados con desapariciones y fosas.
El balance expone una realidad persistente: Veracruz encabeza la estadística de fosas clandestinas, pero mantiene un rezago estructural en la identificación de víctimas, donde miles de restos permanecen sin nombre y sin certeza para sus familias.
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