En el marco del Día de las Madres y durante la XIV Marcha por la Dignidad, Amnistía Internacional advirtió que en México persiste un escenario de violencia contra las mujeres que integran colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
La organización alertó que, desde 2011, al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas en el país, de las cuales 21 eran mujeres. Señaló además que más del 90 por ciento de los colectivos de búsqueda están conformados y encabezados por madres, esposas, hijas y hermanas de víctimas de desaparición.
De acuerdo con el organismo, México enfrenta una crisis humanitaria con más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, mientras cientos de familias continúan realizando labores de búsqueda en fosas clandestinas, cárceles, carreteras y zonas controladas por grupos criminales ante la falta de resultados oficiales.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, afirmó que miles de mujeres han asumido tareas de investigación y rastreo debido a las omisiones de las autoridades y a la insuficiente respuesta institucional frente a las desapariciones.
La ONG sostuvo que las madres buscadoras han impulsado reformas legales, instituciones y políticas públicas especializadas para atender la crisis que afecta al país.
También recordó que en México desaparecen cerca de 90 personas diariamente, situación que ha obligado a las familias a convertirse en investigadoras para intentar localizar a sus seres queridos.
Ante este panorama, Amnistía Internacional pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum implementar medidas integrales de protección y reconocer formalmente a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos, con el fin de activar mecanismos nacionales e internacionales de seguridad.
Asimismo, solicitó aceptar el respaldo técnico del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para fortalecer las investigaciones, la identificación forense y las acciones de búsqueda.
El organismo internacional consideró que la cooperación podría aportar recursos técnicos y financieros para enfrentar la crisis de desapariciones en México y reforzar la protección de las familias buscadoras.
Cabe recordar que, a inicios de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada advirtió sobre la posibilidad de que las desapariciones en México puedan ser consideradas crímenes de lesa humanidad por la magnitud del problema, postura que fue rechazada por la presidenta Sheinbaum.
