Bajo la bandera de proteger los “Derechos de las Audiencias”, el anteproyecto del Gobierno federal para regular noticias y opiniones en medios de comunicación alinea a México con regímenes autocráticos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Sudán, Malasia y Tailandia. La advertencia es contundente y proviene de Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 y recientemente nombrado Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El trasfondo de esta iniciativa no es la protección ciudadana, sino el control del discurso público. Maldonado señala que utilizar causas legítimas —como el combate a la desinformación o la tutela de la infancia— para imponer marcos regulatorios de este tipo es una estrategia probada por gobiernos antidemocráticos para instrumentalizar la censura.
El planteamiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum representa el más reciente embate contra el periodismo libre. Se trata de un hilo conductor que inició en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la sección de la mañanera “Quién es quién en las mentiras”, continuó con “Infodemia” y se afianza hoy bajo el esquema de “Derecho de Réplica”.
Con estas medidas, los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación buscan erigirse como un arbitrario tribunal de la verdad. Al asumir la facultad de dictaminar qué constituye información veraz, el Estado atenta directamente contra el derecho de los ciudadanos a acceder a información plural e independiente.
El punto más crítico se concentra en el artículo 12 del anteproyecto. Este apartado prohíbe a las concesionarias de radio y televisión emitir noticias fuera de contexto, falsas o atemporales. La gravedad radica en el fondo de la norma: será el propio Gobierno federal quien decida unilateralmente qué es verdad y qué es mentira en el ejercicio periodístico.
