No fue magia ni sofisticación criminal de película, fue la vieja maña del poder creyéndose intocable. Cuando la justicia comenzó a cercar a ciertos políticos mexicanos, la respuesta no fue rendir cuentas, sino intentar borrarse el rostro con nombres falsos, bigotes improvisados y pasaportes de utilería.
El caso paradigmático es el del exgobernador veracruzano Javier Duarte, prófugo desde octubre de 2016 y capturado en abril de 2017 en Guatemala. Su estrategia fue tan burda al registrarse en un hotel de lujo bajo el nombre de “Alejandro”, como si la impunidad pudiera cambiarse con tinta en un formulario. Bastaron minutos de presión para que la ficción se derrumbara. El poder, sin protección, suele ser menos convincente de lo que cree.
Aunque nunca se confirmó oficialmente que Duarte portara documentos falsos al momento de su captura, el sainete no terminó ahí. En Tapachula fue detenido un individuo con un pasaporte alterado: nombre distinto, pero la fotografía del exgobernador -adornada con un discreto bigote-. La escena parece caricatura, pero describe con precisión el nivel de improvisación de quienes, acostumbrados a manipular instituciones, subestimaron los controles internacionales.
El fenómeno no es aislado ni antiguo. Ayer, el contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por encabezar una red de huachicol fiscal, fue localizado en Argentina con un pasaporte guatemalteco falso. Venía de Colombia, con identidad adulterada y acusaciones que van de corrupción a intento de homicidio. La ruta era cambiar de país, cambiar de nombre, intentar cambiar de historia.
La lista sigue. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, vinculado con actividades criminales, fue ubicado en Paraguay tras ingresar de forma irregular. Y Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, cayó en Italia en 2017 con documentación falsa. Distintos destinos, mismo libreto.
Lo que estos casos exhiben no es solo la intención de evadir la justicia, sino una cultura política donde la ley es vista como obstáculo negociable. La falsificación de identidades no es un acto desesperado, es la extensión lógica de años operando al margen de la legalidad, con redes de protección que, tarde o temprano, se agotan.
Funcionarios que administraron presupuestos multimillonarios, diseñaron estrategias de seguridad y ocuparon cargos de alto nivel, terminan confiando su escape a alias improvisados y documentos apócrifos. La tragedia, en cambio, es más profunda: evidencia la fragilidad institucional que permitió que estos perfiles acumularan poder suficiente para intentar, siquiera, esa huida.
Al final, los pasaportes falsos no solo delatan a quienes los portan. También exhiben a un sistema que durante años validó la simulación como forma de gobierno. Cuando la simulación se rompe, lo único que queda es la prisa y el ridículo, porque la verdad tarde que temprano sale a relucir.
