En el primer informe del 2023 del estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, Causa en Común reveló que, de enero a abril de 2023, se cometieron en el país, al menos, 2,195 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades. Para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.

Entre los hallazgos del estudio destaca que:

  • Durante el periodo de enero-abril de 2023, se registraron al menos 664 casos de tortura; 196 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; y al menos 161 masacres.
  • En promedio se registraron 18 atrocidades cada día.
  • Durante el periodo comprendido, las atrocidades se incrementaron en más de un 13% respecto al 2022, pasando de pasando de 1,940 a 2,195 eventos.
  • El asesinato de mujeres con crueldad extrema es la segunda atrocidad que más se registró en el país (después de tortura) con, al menos, 324 casos, un promedio de 19 casos cada semana. De igual forma se acumularon, al menos, 94 asesinatos de niñas, niños y adolescentes; en promedio, 24 niños al mes.
  • Los actos violentos contra las autoridades, violaciones agravadas y calcinamientos son otros tipos de atrocidades que se han incrementado.
  • Los registros de atrocidades abarcan todo el país; sin embargo, las cinco entidades en donde ocurrieron más atrocidades durante el periodo enero-abril fueron: Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Guerrero y Morelos. Al igual que con el resto de las entidades, hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa.

Algunas propuestas:

  • Cada ciudadano y cada comunidad tienen la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.
  • Son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales.
  • Es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.
  • Dotar de presupuesto, medios técnicos y humanos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de garantizar servicios esenciales y atención jurídica y económica a las víctimas de atrocidades.
  • Es necesario financiar proyectos que ayuden a documentar, visibilizar y explicar las violencias que se ejercen en el país a fin de generar propuestas que prevengan y atiendan la grave situación de criminalidad que atraviesa el país.
  • Generar alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos a fin de colaborar en la construcción de programas y proyectos de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.
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