El Comité de Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada concluyó este viernes su primera visita a México, alertando que este fenómeno continúa siendo generalizado en el territorio nacional y que “la impunidad es casi absoluta” en estos casos.

Tras visitar 13 estados del país y reunirse con decenas de colectivos de víctimas de la violencia y con autoridades de los tres niveles de gobierno, el Comité determinó “que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio”.

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El órgano instó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a adoptar “una política nacional de prevención para erradicar la desaparición”, en vista de los 95.121 casos de personas desaparecidas. La experta Carmen Rosa Villa, integrante del Comité, apuntó durante una conferencia de prensa que esta estrategia debe “involucrar a todas las autoridades”.

En el marco de la preparación de un informe que será discutido y adoptado durante el vigésimo segundo período de sesiones del Comité en Ginebra (Suiza), entre el 28 de marzo y el 8 de abril del próximo año, Villa adelantó algunos de los principales puntos que recopilaron los expertos durante su visita a 13 entidades: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

“La impunidad es casi absoluta”, afirmó Villa y agregó que este escenario “favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas”.

Como parte de esa impunidad generalizada, “desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados y hasta expedientes”, apuntó la experta.

Hallazgos

Durante las entrevistas con funcionarios y familiares de víctimas de la violencia, el Comité de Naciones Unidas recibió información sobre la “convivencia entre agentes estatales y el crimen organizado”. A la par, el grupo de expertos detectó la “discrecionalidad” con la que operan las fiscalías en el país y su negativa, en muchos casos, a colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas, al grado de que estas dependencias trasladan a los familiares de las víctimas “la responsabilidad de investigar y aportar pruebas”.

“La búsqueda, la investigación, el establecimiento de responsabilidades, el desvelamiento de la verdad y la reparación integral no siempre constituyen una prioridad para algunas de las autoridades”, denunció el grupo de expertos.

Los integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas expresaron su frustración por “la demora y la falta de resultado en las investigaciones”, así como por la “negativa de algunas autoridades a la hora de proporcionar información”.

El comité de expertos refirió que la falta de confianza en las instituciones mexicanas se agrava “ante la ínfima cifra de acusaciones formuladas, órdenes de aprehensión ejecutadas y sentencias emitidas en casos de desaparición forzada”.

Asimismo, expresó su preocupación por los recientes asesinatos de varias personas que se dedicaban a la búsqueda de desaparecidos. Estos crímenes, sumados a la estigmatización que hacen las autoridades sobre los colectivos de familiares, terminan por generar “un efecto inhibidor y una cultura de no denuncia por temor a represalias”.

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