- Guadalupe Taddei descarta renunciar al INE ante indagatorias de la ASF y la UIF por presuntas irregularidades en contratos. A la par, el área de informática del instituto busca avalar a los proveedores tecnológicos de los OPLE rumbo a los comicios de 2027.
Investigaciones de la ASF y la UIF sobre proveedores del INE
Las contrataciones de material electoral bajo la administración de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) son objeto de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo que identificó presunta simulación de operaciones y participación de empresas factureras.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene una indagatoria enfocada en una red de siete empresas proveedoras vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, por supuestos actos de corrupción y lavado de dinero. Registros audiovisuales documentan la asistencia de funcionarios del organismo electoral a reuniones privadas con dicho proveedor.
Durante una reunión virtual privada celebrada entre consejeros del instituto, la consejera presidenta afirmó que no dejará el cargo y calificó los señalamientos en su contra como un ataque político, descartando la existencia de un conflicto de interés y solicitando dejar el asunto en manos de las autoridades competentes.
Postura del Congreso de la Unión e investigaciones institucionales
Sobre el tema, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que las investigaciones en torno a la gestión de la presidencia del INE deben llevarse a cabo conforme a la Constitución y la ley.
“La renuncia es un acto personal. Pero la responsabilidad institucional es ir a fondo en las investigaciones. La Constitución y la ley establecen el procedimiento”, declaró el legislador, añadiendo que de comprobarse responsabilidades deberán aplicarse las sanciones correspondientes.
Controversia por el control del INE sobre contrataciones en los OPLE
De manera paralela, la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) del INE emitió un documento a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en el que establece que los proveedores tecnológicos y de ciberseguridad contratados a nivel local deberán contar con la aprobación o recomendación de esta área central.
Durante una sesión de las comisiones unidas de Organización y Capacitación, una asesora de la consejería de Uuc-Kib Espadas advirtió que la disposición pretende invadir las facultades de contratación exclusivas de los organismos estatales.
Los costos proyectados por la UTSI para los servicios de los comicios locales de junio de 2027 incluyen:
- Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP): 10 millones 197 mil pesos por entidad.
- Sistema para capacitadores y supervisores electorales: 8 millones 643 mil pesos.
- Sistema para el voto de mexicanos en el extranjero: 5 millones 481 mil pesos.
El titular de la UTSI, José Alberto Pérez de Acha —quien asumió el cargo en 2025—, indicó que revisará el informe correspondiente. Funcionarios del área argumentaron que la medida busca fijar bases técnicas mínimas conforme a la normatividad aplicable, como se realizó en el proceso electoral de 2018.
