El registro obligatorio de líneas celulares en México concluirá el próximo 30 de junio y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que no habrá ampliación del plazo. A partir del primer minuto del 1 de julio, las compañías telefónicas suspenderán de manera temporal las líneas que no hayan sido vinculadas a una CURP o a datos fiscales de personas morales.
El trámite, que puede realizarse en línea y requiere identificación oficial y CURP, mantiene bajo nivel de participación pese a las campañas informativas impulsadas por operadores y autoridades regulatorias.
La medida forma parte de una estrategia federal para eliminar el anonimato en el uso de servicios móviles y facilitar investigaciones relacionadas con fraude telefónico, extorsión y secuestro virtual. La CRT sostiene que la identificación de usuarios permitirá ubicar y bloquear líneas utilizadas para actividades ilícitas.
La autoridad regulatoria afirmó que cada empresa telefónica será responsable de administrar la información de sus clientes y rechazó la creación de una base de datos centralizada por parte del gobierno. Según el organismo, los datos permanecerán protegidos bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT, declaró en entrevista para Fórmula Noticias que el plazo “es un mandato legal” y descartó cualquier posibilidad de prórroga. También pidió a los usuarios evitar esperar hasta el último momento para completar el procedimiento.
Las líneas que no sean registradas quedarán inhabilitadas temporalmente. Los usuarios no podrán realizar llamadas, enviar mensajes SMS ni utilizar datos móviles. Únicamente permanecerán activos los servicios de emergencia, el acceso al 911, las alertas sísmicas y los canales de atención de cada operador.
La suspensión no implica la cancelación definitiva del número ni la pérdida de saldo o contrato. Sin embargo, el servicio seguirá generando cobros mientras la línea permanezca sin registro y los usuarios deberán completar el trámite para recuperar el acceso total.
El gobierno y las compañías telefónicas enfrentan ahora el reto de aplicar una medida que, aunque obligatoria, mantiene resistencia entre usuarios que cuestionan el manejo y protección de sus datos personales.
