El destape del esquema de corrupción y adjudicación irregular de contratos detectado en el Instituto Nacional Electoral (INE) responde a una estrategia diseñada para socavar la imagen de la Cuarta Transformación y sus aliados, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria sostuvo que las revelaciones relativas a la gestión de Guadalupe Taddei buscan incidir de forma negativa en la percepción del movimiento de transformación iniciado en 2018. Sin embargo, enfatizó que mientras una administración mantenga el respaldo social y no traicione al electorado, la propia ciudadanía respaldará al proyecto gubernamental.
Sheinbaum Pardo puntualizó que las prácticas anómalas en el órgano electoral no se originaron de manera reciente, sino que obedecen a inercias que pueden rastrearse a través de gestiones pasadas. En ese sentido,reiteró la urgencia de reestructurar a fondo la institución electoral bajo criterios rigurosos de austeridad,equidad, transparencia y respeto a la voluntad democrática.
Recordó las manifestaciones que bajo el lema “el INE no se toca” buscaron frenar las iniciativas de reforma electoral impulsadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sugiriendo que dichas movilizaciones encubrían la defensa de estructuras de poder e intereses opacos consolidados a lo largo de diversos periodos de gobierno.
La jefa del Ejecutivo federal señaló que las administraciones del bloque opositor (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) otorgaron un grado de centralización al INE que facilitó esquemas de contratación cuestionables, refiriéndose explícitamente a los vínculos comerciales con el grupo empresarial de los hermanos Hernández Casillas. Al respecto, cuestionó el silencio omiso de los anteriores consejeros electorales respecto al conocimiento previo de dichos contratistas.
Finalmente, Sheinbaum Pardo emplazó a los integrantes del Consejo General del INE a transparentar sin reserva todos los procesos de contratación, homologar lineamientos normativos para los organismos públicos locales electorales (OPLES) y concretar una reducción sustancial en el costo presupuestal de los procesos electorales en el país.
