A una semana de que el gobierno de Estados Unidos reveló una investigación formal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción criminal de “Los Chapitos”, la mayoría de los señalados ha desaparecido de la vida pública, solicitado licencia o evitado pronunciarse sobre el caso.
Desde el 29 de abril, cuando Washington confirmó las indagatorias, exmandos policiacos, funcionarios estatales y autoridades municipales han optado por el silencio, mientras algunos buscaron resguardarse bajo el fuero o separarse temporalmente de sus cargos.
Entre quienes no han vuelto a aparecer públicamente están Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y Gerardo Mérida Sánchez, ex titular de Seguridad Pública estatal. Ninguno ha emitido posicionamientos para responder a las acusaciones.
La misma situación rodea a exmandos de corporaciones de seguridad y procuración de justicia investigados por autoridades estadounidenses: Marco Antonio Almanzas Áviles, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan Valenzuela Millán, de quienes no se tienen reportes públicos desde el inicio del escándalo.
En los primeros días de la crisis, Rocha Moya intentó desacreditar los señalamientos. A través de un comunicado calificó las acusaciones como una “calumnia” y afirmó que se trataba de un ataque contra la Cuarta Transformación. También rechazó renunciar y defendió reiteradamente su inocencia.
Sin embargo, el 1 de mayo por la noche cambió de postura y anunció que pediría licencia temporal al cargo mientras avanzan las investigaciones. Desde entonces, su ubicación exacta no ha sido confirmada públicamente, aunque versiones oficiales sostienen que permanece en Sinaloa.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, declaró ante medios que, hasta donde tenía conocimiento, Rocha Moya seguía en territorio sinaloense.
Minutos después de la licencia solicitada por el gobernador, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, hizo lo mismo y se separó temporalmente de sus funciones. Antes de abandonar el cargo, sostuvo que las acusaciones “no tienen fundamento”. Desde entonces tampoco ha ofrecido declaraciones públicas.
El caso alcanzó además a la Fiscalía estatal. El 5 de mayo se informó que Dámaso Castro Zaavedra presentó su solicitud de licencia como vicefiscal general de Sinaloa. La dependencia indicó que el funcionario manifestó disposición para atender cualquier requerimiento legal derivado de las investigaciones.
El único de los señalados que mantiene formalmente su cargo es el senador morenista Enrique Inzunza. Aunque asegura permanecer en su domicilio en Badiraguato, no ha reaparecido públicamente desde que estalló el caso.
El legislador ha mantenido la protección constitucional que le otorga el fuero parlamentario y esta semana notificó que no asistiría a la sesión de la Comisión Permanente. Su última aparición ocurrió cuando pasó lista en el Senado horas antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública la investigación.
