El proyecto de resolución planteado por el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, sobre la consulta popular solicitada por el Presidente de la República, para enjuiciar por corrupción a expresidentes, confirma que ese ejercicio resultaría ilegal, tal y como lo advirtió la oposición en la Cámara de Diputados, recalcó la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariana Rodríguez.
En tanto, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, replicó en redes sociales fragmentos del documento perfilado por el ministro Aguilar, en el que se destaca la inconstitucionalidad de la consulta.
En primera instancia, la diputada Rodríguez Mier y Terán subrayó que el análisis de la constitucionalidad de la pregunta planteada por el Presidente de la República, respecto a si los ciudadanos están de acuerdo o no a los últimos cinco expresidentes, por actos de corrupción, estuvo en duda desde el primer momento.
“Por supuesto esto no tiene nada de legal, como bien lo dice el señor ministro. Es inconstitucional puesto que los derechos humanos de las y los mexicanos no pueden estar al arbitrio de nadie, únicamente a lo que tenemos consignado en nuestra Constitución y a los compromisos internacionales que tenemos a través de los tratados firmados”, apuntó.
La legisladora señaló que la consulta impulsada por el Primer Mandatario, resultaría violatoria de los derechos a la presunción de inocencia, la progresividad de los derechos humanos, y los principios propersona que deben dar la mayor protección a las personas referidas.
“Si en realidad se quisiera enjuiciar a los expresidentes, lo único que se requiere es presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, presentar las pruebas que se tienen y solicitar que la Fiscalía y la investigación siga su curso y en caso de encontrar elementos suficientes, se judicialice. En ningún momento es necesario acudir a una consulta popular”, refirió la legisladora.
A su vez, la diputada de MC, Martha Tagle, coincidió con usuarios de redes sociales, que replicaron en sus cuentas en Twitter fragmentos del proyecto del ministro Aguilar, donde señala que obligación del Estado investigar y perseguir cualquier hecho que pueda constituir delito, y esa tarea es ineludible, por lo que no se puede trasladar a la ciudadanía para que, a través de una consulta, decida si se aplican la Constitución y sus leyes.
