La crisis del COVID-19 abrió riesgos en el ámbito de la integridad de los gobiernos y la corrupción, sobre todo por contratos sanitarios otorgados bajo procesos acelerados y simplificados, advirtió la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

“La integridad es uno de los pilares de las estructuras políticas, económicas y sociales, y es una piedra angular de la buena gobernanza”, explicó la organización en la presentación de su Manual de Integridad Pública 2020.

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“Sin embargo, ningún país es inmune a las violaciones de integridad. En todos los niveles y ramas del gobierno, las interacciones poco éticas entre los actores públicos y privados pueden violar la integridad en todas las etapas del proceso de políticas”, agregó el organismo.

Por otro lado, la corrupción eleva el costo de los negocios y daña la confianza pública y entorpece el crecimiento. Según la OCDE, el valor de productos falsificados y piratas importados en todo el mundo se acercó a los 509 mil millones de dólares y el 57 por ciento del soborno extranjero involucró compras públicas.

Por lo que la OCDE lanzó la Recomendación sobre Integridad Pública, la cual contempla cómo aplicar un enfoque de gestión de riesgos en un sistema de integridad.

El organismo creó también un plan de integridad pública enfocado en esa recomendación, así como el Manual de Integridad Pública que proporciona orientación para implementar dicho plan.

Los capítulos del manual aclaran lo que significa la recomendación en la práctica e identifican los desafíos de implementación que los países pueden enfrentar.

También son una guía concreta para identificar, analizar y responder a los riesgos de integridad, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. Asimismo, muestra cómo añadir la integridad en el papel de las funciones de auditoría interna frente a los gerentes públicos, con un enfoque en su valor agregado de proporcionar aseguramiento independiente y objetivo para el control interno efectivo y la gestión del riesgo.

La OCDE indicó que si bien más del 30 por ciento del gasto público de los gobiernos va a la salud, reconoció que la pandemia genera oportunidades para que se eleven los estándares de los tomadores de decisiones en los gobiernos.

Informó que abordar este desafío requiere un enfoque de toda la sociedad y de todo el gobierno. Por lo que explicó cómo involucrar a las empresas, organizaciones de la sociedad civil e individuos en la promoción de una cultura de integridad.

Un equilibrio entre las sanciones, por ejemplo, multas monetarias o inhabilitación, e incentivos como créditos fiscales o créditos a la exportación, puede ayudar a los gobiernos a apoyar la integridad pública en las empresas.

También mostró cómo las actividades de aprendizaje práctico, como el monitoreo de un proceso de contratación pública, se pueden utilizar para ayudar a desarrollar el conocimiento y el compromiso de los jóvenes con la integridad pública.

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