La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la atención de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, tanto a nivel nacional como en comisiones locales. Así lo dio a conocer en la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2021.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) hizo pagos retroactivos por 332 mil pesos para la contratación de 89 empleados eventuales, de los cuales “no sustentó su justificación”; además, el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) no comprobó que los servidores públicos estuvieran capacitados.
“No se acreditó que estuvieran certificados en materia de búsqueda de conformidad con lo señalado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP)”, señala la auditoría de cumplimiento.
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De los subsidios transferidos a 30 estados por 581 millones 941 mil pesos para la búsqueda de personas, la ASF constató que, en plena crisis por el aumento de desapariciones en México, nueve entidades no utilizaron el dinero, lo regresaron y no explicaron el motivo del subejercicio.
Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Estado de México “reintegraron recursos por 121 millones 721 mil pesos que representaron desde el 30.3% al 100% del total ministrado a cada una, sin justificar las causas por las cuales no ejercieron la totalidad de los recursos”.
En Baja California y Puebla: equipo extraviado y cursos inexistentes
La ASF detectó irregularidades durante la verificación física de los bienes adquiridos por la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Gobierno de Baja California, realizada del 25 al 28 de abril de 2022.
“Se observó que dos videoproyectores fueron extraviados dentro de las instalaciones de dicha comisión”; además, cinco radios portátiles no han sido utilizados “ya que la compañía que presta la red de comunicación compatible con los equipos no cuenta con servicio en dicho estado”, señala la auditoría.
Respecto a un equipo forense de fotografía, dos kits de luces forenses, dos computadoras y dos escáneres láser 3D, la auditoría señala que no habían sido utilizados y que “tampoco tenían seguro que garantizara su recuperación en caso de siniestro”.
Además, la ASF señaló que la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Gobierno de Puebla gastó 3 millones y medio de pesos en cursos que no pudo comprobar: “Se contrató la prestación de servicios de los cursos de capacitación de la LFMDFP en cada uno de los 218 municipios del estado de Puebla, conformado por 5 personas (1,085 participantes) sin que se presentara lista de asistencia, lista de calificaciones finales, grabación de cada una de las sesiones ni memoria fotográfica de los cursos citados”.
