El PRI en la Cámara de Diputados propuso aplazar, por segunda ocasión, la entrada en vigor de la reforma de subcontratación, la cual ya está operando. El sector empresarial “mostró toda la colaboración” para cumplir el plazo, pero sigue teniendo obstáculos, asegura la legisladora Marcela Guerra Castillo, por lo que planteó prorrogarla hasta finales de octubre.
En abril del 2021 el Congreso reformó ocho ordenamientos, entre ellos, la Ley Federal del Trabajo (LFT), para prohibir la subcontratación de personas. Las nuevas reglas obligan a las organizaciones asumir una relación laboral directa con las trabajadoras y los trabajadores que realizan tareas para ellas.
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El primer plazo para realizar los cambios legales, organizacionales y fiscales que fijó el decreto se vencía el 1 de agosto. Esos cuatro meses para la entrada en vigor de las nuevas obligaciones del sector patronal “no fueron suficientes”, sostiene Marcela Guerra, quien es diputada federal por tercera vez.
Desde la discusión de la reforma, el sector empresarial insistía en que entrara en vigor hasta enero del 2022. En julio, días antes de que llegara la fecha límite, consiguió que el Congreso la aplazara para el 1 de septiembre. Desde entonces, es ilegal que una empresa le suministre personal a otra.
Sin embargo, el artículo 13 de la LFT permite la subcontratación de servicios u obras especializadas, siempre y cuando no sean ni el objeto social ni la actividad económica preponderante de la compañía contratante.
Y pone otro requisito: esas empresas de outsourcing deben estar registradas en el Registro de Prestadoras de Servicio Especializados u Obras Especializadas (Repse), a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Cada tres años tendrán que renovar esa inscripción. Hasta esta semana, más de 60,700 organizaciones han logrado este trámite.
