El gobierno de Estados Unidos alista una ofensiva anticorrupción dirigida a políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, que incluiría el paso de sanciones migratorias a procesos judiciales formales en cortes federales, según reveló Los Angeles Times.
De acuerdo con el reporte firmado por el corresponsal Steve Fisher, la estrategia contempla dejar atrás la revocación de visas como medida principal y avanzar hacia la presentación de acusaciones penales en territorio estadounidense contra funcionarios señalados por nexos con cárteles.
Fuentes citadas por el diario, vinculadas a la relación bilateral, indicaron que declaraciones recientes del embajador Ronald Johnson habrían marcado el inicio de esta nueva fase. Durante un evento en Sinaloa —originalmente enfocado en un proyecto industrial— el diplomático desvió el tema hacia la corrupción en México.
“La corrupción no sólo ralentiza el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza (…) es un obstáculo directo”, afirmó. Asimismo, exhortó al gobierno mexicano a fortalecer acciones anticorrupción para sostener la relación económica bilateral: “la inversión es como el agua (…) fluye cuando las condiciones son adecuadas y se seca cuando no lo son”.
El reporte también vincula esta línea de acción con la estrategia del gobierno de Donald Trump, sugiriendo que las recientes declaraciones diplomáticas forman parte de su instrumentación.
En paralelo, el diario señala que la cancelación de visas ya ha alcanzado a diversos actores políticos. Además de legisladores de Morena y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se menciona al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien -según la publicación- habría perdido su visa desde el año pasado.
El medio estadounidense describe a Rocha Moya como un político de alto nivel presuntamente respaldado por su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de autoridades mexicanas o estadounidenses sobre la apertura de procesos judiciales contra los funcionarios mencionados.
