En una rigurosa revisión del marco normativo internacional, Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados, ratificó que las acciones militares desplegadas por Israel en la Franja de Gaza configuran técnicamente el delito de genocidio, de acuerdo con los criterios del derecho internacional.
Durante una entrevista concedida a la cadena RT, la jurista subrayó que su diagnóstico no responde a apreciaciones subjetivas, sino al análisis de hechos constatables en el terreno. Recordó que en su informe presentado en marzo de 2024 documentó tres categorías de actos constitutivos de genocidio: el homicidio de más de 30,000 personas en un lapso de cinco meses, la práctica sistemática de torturas y la destrucción generalizada de la infraestructura vital.
La especialista enfatizó la desproporción de los ataques al señalar que la población civil ha sido reducida a un objetivo indiscriminado, afectando a mujeres, menores, adultos mayores y pacientes en centros médicos. Asimismo, puso de relieve la situación en Cisjordania, donde se registraron aproximadamente 700 muertes entre octubre de 2023 y octubre de 2024, una zona caracterizada por la ausencia de la estructura armada de Hamás.
Censura y balances de bajas
Albanese advirtió sobre la continuidad de los ataques tras el supuesto cese al fuego pactado a mediados de octubre de 2025, periodo en el cual se han contabilizado más de 1,300 decesos adicionales en Gaza, con una elevada proporción de menores entre las víctimas.
Aunado a esto, la relatora denunció la muerte de casi 300 profesionales de la comunicación en el enclave, hecho que calificó como una estrategia para opacar la cobertura informativa de la crisis, acompañada por la omisión deliberada de diversos medios de comunicación internacionales.
Redes corporativas y sanciones diplomáticas
En el plano económico, la representante de la ONU señaló la corresponsabilidad de actores estatales y privados. A través de su informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, Albanese expuso cómo diversos gobiernos occidentales han facilitado la comercialización de bonos del Estado israelí, al tiempo que grandes corporaciones multinacionales y centros educativos mantienen vínculos comerciales y de cooperación con la administración de ese país.
La relatora abordó además las repercusiones personales derivadas de sus investigaciones. Tras la publicación de sus dictámenes, Albanese fue objeto de sanciones financieras por parte de las autoridades de Estados Unidos —incluyendo el congelamiento de activos—, medidas retaliativas que también han alcanzado a integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI) dedicados a la investigación de eventuales crímenes de guerra.
Debido a las continuas presiones e inconvenientes de seguridad derivados de su labor fiscalizadora, la funcionaria reside actualmente bajo esquemas de protección brindados por el gobierno de Túnez.
