Más de un año después de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en México, que en el papel permitiría la excarcelación de personas vulnerables que cometieron delitos no violentos, la legislación sigue enfrentando trabas burocráticas que dificultan el descongestionamiento de las cárceles del país.
La ley, impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo impulsar una amnistía para los presos por delitos menores y no reincidentes, quienes hubieran sufrido de tortura, aquellos que tuvieran más de 75 años o llevaran más de 10 años sin sentencia. Además, el Ejecutivo espera que cada estado mexicano elabore su legislación propia con el fin de reducir la presión sobre el sistema penitenciario y no criminalizar la pobreza.
Hasta septiembre de este año, 222,600 personas permanecían en las cárceles mexicanas. De ellas, más de 95,000 están procesadas, es decir, sin sentencia y solo un reducido segmento de esta población se ha beneficiado de la amnistía.
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“Abandono y vulnerabilidad”
La Comisión de Amnistía mexicana, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, informó que a poco más de un año de su creación, ha recibido 1,560 solicitudes de personas que buscan su libertad. Aunque todavía había 747 casos pendientes de revisión, solo 47 fueron susceptibles de este beneficio y el Poder Judicial calificó 34 casos en sentido positivo.
“La Ley de Amnistía tendría que reconocer el grado de abandono y vulnerabilidad que las propias instituciones han tenido en contra de la población, que se encuentra en conflicto con la ley penal y específicamente en contra de esta población que se encuentra en sectores mucho más vulnerables”, dijo a RT el director de la organización ASILEGAL, José Luis Gutiérrez.
Dicha legislación sigue enfrentado trabas burocráticas, y es que la Ley contempla que cada estado del país expida su propia legislación. De momento solo cuatro estados lo han hecho, mientras que otros 18 alistan iniciativas al respecto. La razón de la tardanza es que los delitos como el aborto o contra la salud, como el narcomenudeo, se siguen tipificando en los códigos penales de cada entidad territorial mexicana.
“Uso efectivo de la propia ley nacional”
En agosto pasado, López Obrador publicó un decreto para gestionar, a través de otro mecanismo, las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, e identificar casos de personas en prisión preventiva o que hayan sufrido tortura. El 15 de septiembre, se hizo efectivo el beneficio de preliberación a 681 personas. Además, se tienen identificados 4.233 expedientes sujetos a análisis en el ámbito federal, por lo que el Ejecutivo ha pedido a las autoridades estatales seguir el ejemplo.
José Luis Gutiérrez considera que más reos podrían beneficiarse de la amnistía, pero “la clave aquí” es hacer “uso efectivo de la propia ley nacional de ejecución penal”, que “tiene todas las herramientas que permitiría contribuir a la despresurización del sistema penitenciario” mexicano.
Los datos indican que la Ley de Amnistía no fue sanitariamente la mejor decisión para enfrentar la pandemia de covid-19 en los centros penitenciarios, ni tampoco despresurizó las cárceles. Algunos especialistas hacen un llamado a los parlamentos estatales para homologar la ley y que la Comisión de Amnistía trabaje de manera coordinada con las instituciones involucradas a nivel federal, para sanar la deuda con las víctimas del sistema penitenciario del país.
