Una crisis al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha escalado este miércoles.
Cinco de siete magistrados votaron la destitución del presidente del organismo, José Luis Vargas Valdez. Este, por su parte, alega que su remoción es ilegal.
Esto es lo que ha pasado hasta ahora:
Todo empezó con la “rebelión” de un grupo de magistrados. En plena sesión pública, el juez Felipe de la Mata Pizaña pidió revisar las funciones del magistrado presidente.
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La sorpresiva propuesta fue apoyada por la mayoría de magistrados: Janine Otálora Malassis, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante.
En un principio, la petición de revisión de la actuación de Vargas como presidente del TEPJF no prosperó debido a la oposición de la magistrada Mónica Soto y a la del propio Vargas, quien suspendió la sesión, tras advertir que no había fundamento legal para votar el tema solicitado por el magistrado De la Mata.
Tras la suspensión de la sesión, Malassis, De la Mata, Fuentes, Infante y Reyes firmaron una carta solicitando a Vargas la reanudación inmediata de la sesión, a la que no hubo respuesta.
Por lo anterior, Malassis, magistrada decana de la Sala Superior del Tribunal, convocó a reanudar la sesión “en virtud de la ausencia injustificada del presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez”.
En dicha sesión, en la que no estuvieron presentes ni Vargas ni Aralí Soto, los cinco magistrados restantes aprobaron la destitución del magistrado presidente debido presuntamente al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias. En su lugar fue designado Reyes Rodríguez Mondragón.
Más tarde, Vargas desconoció en un mensaje difundido en redes sociales la destitución de su cargo como presidente del Tribunal al considerar que sus colegas magistrados actuaron de manera ilegal y rompieron el orden constitucional.
Vargas Valdez ha sido acusado de corrupción. En 2020, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos (unos 18 millones de dólares).
El pasado 19 de julio, la UIF impugnó la exoneración de Vargas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el periódico Reforma diera a conocer que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cerró la carpeta de investigación en su contra el pasado 15 de junio.
“Respecto al caso de José Luis ‘N’, esta unidad ya presentó un recurso de inconformidad, misma que fue admitida, y también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año en contra de seis personas, dos físicas y cuatro morales”, informó el organismo en un comunicado.
