El Senado de la República avaló, en lo general, reformar el artículo 19 de la Constitución a fin de incorporar al catálogo de delitos graves, que ameritan prisión preventiva oficiosa, los hechos de corrupción, el robo de hidrocarburos, así como el uso de programas sociales con fines electorales.
Con 91 votos a favor y 18 en contra, el pleno de la Cámara Alta dio luz verde al dictamen que tipifica también como delitos graves los casos de abuso o violencia sexual contra menores, el robo de transporte en cualquier modalidad, la desaparición forzada de personas y los ilícitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con el dictamen, que dividió las opiniones de los senadores, establece que el Ministerio Público sólo podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa cuando no se pueda garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación o la protección de la víctima.
Además, se acordó que en los próximos cinco años se analizará esta medida excepcional y, si las condiciones mejoran, se eliminará, como lo han demandado organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
En tribuna, la senadora por Morena, Ana Lilia Rivera, destacó que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa es necesaria para enfrentar el estado excepcional de violencia, corrupción e impunidad que vive nuestro país.
De igual forma, la senadora por el PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, señaló que esta reforma permitirá establecer una medida que realmente proteja a las víctimas de conductas que son altamente perjudiciales.
No obstante, la también senadora por el PRI, Claudia Ruiz Massieu, advirtió que esta reforma implica un retroceso, ya que va en contra de la garantía de presunción de inocencia.
En tanto, la senadora por el PAN, Guadalupe Murguía, reconoció que organizaciones nacionales e internacionales han solicitado la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, pero advirtió que no se puede desconocer la grave situación de seguridad e impunidad que se vive en el país.
Sin embargo, la también senadora por el PAN, Kenia López Rabadán, indicó que este no es el camino para combatir la impunidad, por lo que llamó a atender la exigencia de las organizaciones que se pronunciaron en contra de la reforma.
