A veces se acierta en los tecnicismos, pero se suspende el examen. Así ocurrió en la audiencia del Congreso sobre el antisemitismo en los campus el 5 de diciembre. Cuando se les preguntó si pedir el genocidio de los judíos sería castigado en sus universidades, los presidentes de Harvard, MIT y la Universidad de Pensilvania evadieron la cuestión. Dijeron que eso dependería del contexto, por ejemplo, si el discurso entraba en el ámbito de las amenazas dirigidas a individuos. En medio de un gran revuelo, la presidenta de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill, dimitió cuatro días después. “Uno menos. Quedan dos”, dijo Elise Stefanik, la congresista republicana que dirigió el interrogatorio.
La audiencia se produjo en medio de una oleada de incidentes antisemitas en universidades a raíz de la guerra entre Israel y Hamas que comenzó el 7 de octubre. Hillel International, organización judía sin ánimo de lucro, ha contabilizado 38 agresiones físicas antisemitas en los campus y 227 casos de vandalismo desde que estalló la guerra. Tanto en su testimonio preparado como en sus respuestas a las preguntas formuladas durante las cinco horas de audiencia, los presidentes denunciaron ese preocupante repunte y explicaron cómo se sanciona disciplinariamente el acoso. Sin embargo, sus respuestas al interrogatorio de la Sra. Stefanik sobre el discurso antisemita fueron evasivas, legalistas y totalmente insatisfactorias. De alguna manera olvidaron que las audiencias del Congreso son un teatro político hecho de frases hechas, no de declaraciones jurídicas. Scott Bok, presidente de la junta de la Universidad de Pensilvania, que también dimitió, dijo: “Demasiado preparados y demasiado legalistas”.
Los presidentes describieron con precisión lo que está permitido según los códigos de expresión de sus facultades, que siguen de cerca la Primera Enmienda. Los discursos odiosos están permitidos siempre que no se conviertan en acoso discriminatorio o inciten a la violencia. No es lo mismo sostener una pancarta con un lema infame en una manifestación que enviar mensajes de texto amenazadores. El contexto sí importa.
Gran parte del rechazo se debe a la falta de credibilidad de las propias universidades cuando se trata de proteger la libertad de expresión. “Cuando han intentado defender la libertad de expresión, nadie les ha tomado en serio porque la han tratado con un doble rasero”, afirma Greg Lukianoff, de la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), un grupo de defensa de los derechos individuales. De las casi 250 universidades evaluadas por fire, Harvard y Pensilvania figuran como las dos menos hospitalarias con la libertad de expresión y la investigación abierta, según las encuestas y los casos de cancelación de conferencias y sanciones a profesores.
La incoherencia de los administradores adopta dos formas: silenciar el discurso directamente y no castigar a los estudiantes que violan las políticas de la escuela, por ejemplo, gritando a los oradores impopulares o bloqueando las salas de conferencias. En 2019 Harvard, ante una revuelta estudiantil, se negó a renovar el decanato de un profesor de Derecho que trabajó en la defensa legal de Harvey Weinstein. En 2021 canceló un curso sobre tácticas policiales después de que los estudiantes hicieran una petición para que se suprimiera. Ese mismo año, el MIT rescindió una invitación para dar una conferencia a un geofísico que había criticado la discriminación positiva. Con demasiada frecuencia, las universidades tratan reflexivamente de apaciguar a los estudiantes en lugar de hacerles enfrentarse a ideas que les resultan inquietantes, afirma Edward Hall, profesor de filosofía en Harvard. Los administradores ven a un estudiante enfadado o molesto en su despacho e inmediatamente intentan que se sienta mejor.
El profesorado y los estudiantes de las universidades de élite se sitúan mayoritariamente en la izquierda política. Esto crea un clima de censura en el que se coartan las voces conservadoras, incluso cuando no hay ningún administrador implicado. Carole Hooven, una científica que afirma que el sexo es binario, dejó Harvard tras ser tachada de transfóbica por los estudiantes. “Me sentí como si tuviera la peste”, dice sobre su marcha. Alumnos y profesores se autocensuran por miedo al ostracismo, que “a menudo está respaldado por la incertidumbre sobre cómo responderá la universidad”, argumenta Keith Whittington, profesor de política en Princeton. “Puede que la universidad te cubra las espaldas, pero puede que te tire debajo del autobús”.
¿Qué lecciones aprenderán los dirigentes universitarios de esta última polémica? Su objetivo inmediato es la seguridad laboral. Sally Kornbluth, la presidenta del mit, parece segura: el órgano de gobierno de la escuela dice que la respalda. Claudine Gay, su homóloga en Harvard, aún no ha recibido una declaración similar, aunque más de 700 profesores firmaron una carta en su apoyo. Las consecuencias a largo plazo aún no están claras. Tal vez las universidades avancen hacia un enfoque coherente y neutro de la libertad académica. Pero eso no es lo que piden los donantes ni los políticos, señala Whittington. En realidad, exigen que se amplíen las restricciones a la libertad de expresión en nombre de la seguridad. Los incentivos y las presiones pueden significar más incoherencia.
