Dos afanes obsesivos caracterizan al presidente López Obrador. El primero tiene que ver con su pertinaz propósito de pasar a la historia. El segundo tiene que ver con el deseo de conservar su masa de votantes y seguidores.
En ambos casos, el camino para concretarlos pasa por el gasto público, un gasto público que sólo él debe decidir, y que esta decisión, debe avanzar sin ninguna objeción ni medida. Para eso ha debido disminuir el poder legislativo a su mínima expresión. Para eso son su férreo control sobre el partido Morena y sus alianzas con los otros minipartidos políticos que le aplauden con comedida genuflexión mientras reciben migajas.
El jefe de la república cree que pasará a la historia con la obra del Tren Maya, con el aeropuerto Felipe Ángeles y con la Refinería de Dos Bocas, porque su otra idea va más atrasada: el proyecto del Istmo de Tehuantepec sólo avanza en los persistentes y engañosos videos que su gobierno publica en YouTube, con un discurso machacón en el que tiernamente le quitan poderío e influencia al exitoso Canal de Panamá. Y también cree que la entrega de recursos públicos a la gente, es suficiente para garantizarle el agradecimiento eterno del pueblo bueno.
El Paquete Económico para el año 2023, resulta ser el trámite actual con más cuestionamientos políticos. La ley de ingresos y la propuesta económica para el próximo año, sólo pudo pasar en el Congreso gracias al “No cambien ni una coma” que exige el ejecutivo federal para estar a gusto en palacio. Fue aprobado por su obsecuente poder legislativo (con minúsculas), porque ni es poder, ni es legislativo, ni es de la población.
Los partidos políticos de oposición rechazaron las propuestas por considerarlas inapropiadas, irreales y sustentadas en un fuerte endeudamiento. Un enorme gasto que desgastará al país y a sus generaciones siguientes. México no tiene suficiente recaudación para sustentar tales propuestas de gasto. De un gasto que supera los 7.1 billones de pesos, casi 1.2 billones de pesos serán conseguidos a través de deuda pública.
Debemos entender que de cada 7 pesos que se gasten en 2023, 1.1 pesos vendrán del endeudamiento con bancos nacionales o internacionales. Para esta pregunta, desde luego ya hay respuestas bien diseñadas: una de ellas es que otros países admiten un margen de endeudamiento mayor. Algo así como afirmar campechanamente que: “en la casa de junto, tiene años que están endrogados con los bancos, y no pasa nada”, “¡Y biben bien!”, escribiría alguien sin luces en las redes sociales”, para saltar y resaltar como coro apabullante ante la crítica.
Gentes como Dante Delgado, como Santiago Creel, como Pepe Yunes o como Julen Rementería están alertando a la sociedad mexicana lo preocupante de esta populista fórmula de ingresos-gastos para 2023: de un monto total de 7.1 billones de pesos, se autoriza un endeudamiento neto de un billón, 168 mil 319.9 millones de pesos (cifra donde se incluyen 5,500 millones de dólares de endeudamiento externo), por lo que la deuda pública nacional cerraría el año 2023 en una cifra equivalente al 49.4 por ciento del PIB. Estas multimillonarias cantidades autorizadas para el año 2023 producen una negra sensación en el horizonte futuro.
El año siguiente el país va a gastar recursos monetarios de manera exorbitante y con escasa transparencia, circunstancia ominosa para desgastar hasta los huesos el patrimonio nacional y a las generaciones venideras, que de por sí, arrastran ya una pesada carga sin percibir avances reales y productivos. Y el presidente López Obrador jura y perjura que ellos no son iguales a los anteriores.
