Mariana vive en una zona rural del norte del estado. Todos los días durante tres años se trasladó más de una hora cada sábado a Tuxpan, para estudiar la licenciatura en Psicopedagogía que impartía la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), porque quería ser maestra. Concluyó en agosto de 2015 y como no le extendían su título ni cédula profesional, lo que le impedía trabajar, se inscribió en la maestría en Educación, ya casi termina, ahora sólo le falta para recibirse el título de la licenciatura que, después de dos años no le han entregado, porque, argumentan, “no hay papelería”.
Pero Mariana no es la única que no ha logrado obtener su título para poder ejercer su carrera.
El número aún es indeterminado, apenas se está llevando a cabo una auditoría interna para determinarlo, pero los documentos y fuentes consultadas sostienen que son 100 mil alumnos en 28 estados del país que cursaron de bachillerato, y además en Veracruz que se inscribieron también en estudios técnicos o en alguna de las 35 licenciaturas, 24 maestrías o de los 15 doctorados que ofrece la Universidad que creó el exgobernador Javier Duarte.
Los alumnos afectados no cuentan con sus documentos como estudiantes graduados desde hace más de tres años o quienes sí los obtuvieron no son para ejercer su profesión, porque los planes de estudio no están certificados por el Consejo para la Acreditación para la Educación Superior (Copaes), por lo que no pueden acceder al mercado laboral y, por si fuera poco, se descubrió que existía un mercado de venta de títulos de la UPAV para licenciatura, maestría y doctorado, lo que también investigan las autoridades.
La situación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz llegó a tal punto crítico, que hace cinco meses prácticamente estuvo en riesgo de perder el registro ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sólo la negociación entre el nuevo gobierno de Veracruz, la rectoría de la UPAV y la SEP permitió impedir su cierre. A cambio se lleva a cabo auditoría total y se regulariza la situación, para impedir que resulten afectados los más de 37 mil estudiantes que integran las dos mil 715 generaciones que han egresado desde su fundación en 2011.
Y es que la Universidad también funcionó como un negocio en la administración de Javier Duarte de Ochoa y fue muy efectivo. El gobierno otorgaba a la Universidad, anualmente, 20 millones de pesos, que permitía su operación. Pero las grandes sumas de dinero llegaban a través de los alumnos, que aunque pagaban poco por ser popular, la apuesta era que fueran muchos los inscritos. Así, anualmente recibía la Universidad de los estudiantes de licenciatura en promedio 160 millones de pesos, más 180 millones de bachillerato y del resto de los niveles, 20 millones de pesos.
Es decir, 360 millones de pesos que actualmente se desconoce a dónde iban a parar cada año, porque los recibía la asociación civil “Alianza para el Fomento del Aprendizaje”, creada exprofeso para operar la Universidad, todo lo que pertenece a la UPAV aparece a su nombre y cuyos integrantes forman parte del círculo priista más arraigado del estado y que en seis años ha obtenido casi mil 500 millones de pesos de los que no ha rendido cuentas.
*ANUALMENTE, LA UPAV RECIBÍA 360 MILLONES DE PESOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS EN LOS NIVELES BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO.
Se ahorra todo
Guillermo Zúñiga Martínez, un priista de la vieja escuela, murió el 23 de abril de 2015 y dejó como herencia, entre otras cosas, un botín político y económico a través de la Universidad Popular que diseñó, impulsó y promovió primero como una opción en la educación para los adultos, después una oferta para la juventud que no tuvo acceso a la universidad pública.
Su antecesor directo fue el Instituto Veracruzano de la Educación (IVE), fundado por decreto de Fidel Herrera Beltrán el 13 de octubre de 2008. El IVE absorbía todas las responsabilidades del gobierno estatal, específicamente de la Secretaría de Educación local, para la impartición de la Educación Media Superior y la educación para adultos.
Se creó también la figura de un “director solidario voluntario” que fundaba y coordinaba las ya existentes licenciaturas o los trabajos de educación media superior y cobraba los recursos a los estudiantes. No había pago de Seguro Social, tampoco de Impuesto Sobre la Renta, ni luz ni agua de los 131 planteles que comenzaron a operar ese mismo año.
Este sistema funcionó el resto del sexenio de Fidel Herrera, se encargaron de suprimir cualquier sindicato y todas las contrataciones comenzaron a hacerse a través de una asociación civil, “Alianza para el Fomento del Aprendizaje”, creada exprofeso para el nuevo organismo.
Un Frankenstein académico
El 14 de diciembre de 2010 nació por decreto la UPAV, sustituyendo al IVE, con la misma modalidad de servicios, pagos a profesores e instalación de sedes. El 14 de julio de 2011 aprobó el marco normativo y Guillermo Zúñiga Martínez fue nombrado rector de la nueva institución. Sólo cambiaron la etiqueta, pero la gente era la misma.
“El maestro Memo” Zúñiga, exalcalde de Xalapa y diputado federal priista, formó a varios políticos, y ahora sus hijos están posicionados en cargos estatales y federales: Guillermo Zúñiga hijo, fue designado por el presidente como primer titular de la Comisión Reguladora de Energía, y Américo es alcalde de Xalapa.
Para 2012, la UPAV tenía cobertura en los 2012 municipios. Ofrecía carreras en cada municipio, las más demandadas, contaban con 47 programas entre licenciatura, maestría, especialidad y doctorado. Crearon Derecho, Arquitectura, Desarrollo Regional Sustentable, Enfermería, y algunas tan novedosas como Desarrollo Social y Familiar, y Seguridad Pública. Todo iba bien. Cada año crecía el ingreso de estudiantes de preparatoria y en licenciaturas. Beneficiados por la poca inversión en los sexenios fidelista y duartista a la Universidad Veracruzana que no ha podido incrementar su matrícula escolar. En 2017, de 40 mil 979 aspirantes sólo pudo aceptar a 16 mil 326. Es decir, apenas el 38.8% del total.
El negocio toma forma
La UPAV no maneja sus recursos, no tiene instalaciones, ni personal. Todo pertenece a la asociación civil “Alianza para el Fomento del Aprendizaje” que fue fundada el 1 de agosto de 2011, casi dos meses antes de la fundación del IVE.
En su escritura, la número 11,491, la fundación colocó como objetivo principal “coadyuvar con el IVE”. Dirigir una asociación de este tipo no es casualidad. Teodoro Couttolenc Molina, abogado y poeta xalapeño, fue uno de los incondicionales de Guillermo Zúñiga desde los años 70. Actualmente despacha desde el bufete jurídico “Terracoupter” en la ciudad de Xalapa.
En los últimos nueve años Couttolenc mantuvo un bajo perfil político y mediático. Durante 34 años fue la mano derecha de Zúñiga en los diferentes cargos públicos que ocupó. Hasta que llegó al corazón financiero de la UPAV.
Según información oficial, obtenida a través de solicitudes de transparencia, la “Alianza para el fomento del aprendizaje” ha percibido un ingreso, por inscripciones y mensualidades, de mil 499 millones 493 mil 600 pesos, desde su creación en 2011 hasta junio de 2017.
Desde su creación, la UPAV cobraba mil pesos por concepto de “trámite de gestoría” del título y cédula profesional en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. En este mismo periodo esta institución ha emitido 10 mil 971 documentos, por lo que la asociación civil ha percibido 10 millones 971 mil pesos sólo por este concepto.
La Universidad se ha rehusado a regular su situación financiera. En la Cuenta Pública 2015 del Organismo de Fiscalización Superior (Orfis) declaró que el patronato es una figura que “limita la transparencia de sus operaciones, ya que en las condiciones actuales impide que refleje la Universidad sus ingresos y egresos reales al transferir al Patronato el control financiero de las cuotas, así como de la aplicación de estos recursos”.
En materia económica la UPAV argumenta que es el patronato de la asociación civil el que maneja los recursos y lo expone como un ente independiente. Sin embargo, durante casi cinco años la institución y la asociación compartieron instalaciones en la cerrada Ideal #126, un domicilio particular en el Fraccionamiento Ensueño en la ciudad de Xalapa.
“La verdad qué bueno que se fueron de aquí. Esa gente ocupaba otra casa al lado, la número 87, pero todo el día era un escándalo con papeles, archiveros, sacaban muebles de madrugada. Había motos de estudiantes y los autos de los funcionarios que saturaban esta calle”, dice una de las vecinas.
Ahora la universidad y la fundación comparten instalaciones en la avenida Américas, número 61, colonia Aguacatal en Xalapa, Veracruz. ¿A quién puedes contactar allí? A nadie. La asociación civil sólo pudo encontrarse en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Xalapa, pues no cuenta con página oficial, información en redes sociales, no existe ni en los registros de la Secretaría de Gobernación o de Hacienda como una asociación.
Se intentó contactar a Teodoro Cou- ttolenc Molina a través de su secretaria particular desde finales de mayo y principios de junio mediante correo electrónico y vía telefónica sin respuesta alguna.
De a tres pesos por maestro
Cualquier estímulo económico que me proporcione para gastos en la labor social que realizaré, no implica una relación de carácter laboral con esta Dirección, sino de servicio hacia los que menos saben”, se lee en los contratos para bachillerato y licenciatura, que deben firmar los profesores desde 2008.
A diferencia de los profesores que deben estar al servicio de la educación de acuerdo a su contrato y por ello cobrar sólo entre tres y 70 pesos mensuales por alumno que tienen en clase. El personal administrativo no deben cumplir esa vocación de servicio y ganan de entre 11 y 49 mil pesos mensuales.
En documento, del que ejecentral tiene copia digital, presenta al profesor “como asesor solidario en la(s) materia(s) relacionadas en la CARGA ACADÉMICA” señaladas en el formato. Al construir esa figura no tiene derecho a prestaciones sociales, aguinaldos, gratificaciones o pago de vacaciones.
En el caso de los profesores de bachillerato depende del número de estudiantes y la “cuota” que pague el alumnado. El pago por hora a los profesores en ese nivel va de los tres a los seis pesos por hora, con el mínimo de alumnos y de 60 a 70 pesos con el máximo de 30 a 59 estudiantes. Y los profesores de educación superior su pago es de 70 pesos la sesión, multiplicado por el número de sesiones que tenga el cuatrimestre (13 en promedio).
Para los administrativos el salario es diferente. El rector(a) percibe el pago neto al mes de 49 mil 411 pesos; directores de área entre los 34 y 15 mil pesos; jefes de departamento perciben de los 20 a los 18 mil pesos. En el caso de los jefes de oficina un promedio de 11 mil 500 pesos; los auxiliares administrativos 7 mil pesos y un intendente cuatro mil 500 pesos. Todos como “personal de confianza”.
Conforme la crisis creció en el estado por las mal manejo financiero, en los dos últimos años de Javier Duarte, también los profesores de la UPAV se vieron afectados. “Hay compañeros que tienen más de un año de no cobrar, nosotras vamos para el tercer cuatrimestre y no vemos claro. Esto es un Frankenstein académico, programas educativos con modelos del outsourcing”, declaró una profesora de la región Veracruz que prefirió reservar su nombre.
La mina de oro
La educación en la UPAV no es tan solidaria con los alumnos como promete. “Te cobran mantenimiento 300 pesos, por boleta 20 pesos y por constancia 100. Creo que varía por región, pero no había prorroga ni apoyos. Ni becas, yo me tengo que pagar mis estudios y viajar casi una hora y media y ahí no te consideran”, relata Mariana.
Los pagos varían según la región y director. Por ahora se han documentado internamente 18 casos de funcionarios que han causado “afectaciones a los estudiantes con motivo de irregularidades en el mal manejo de dichos centros de estudio”, según dice la respuesta de la UPAV a ejecentral en el oficio UPAV/UT/041/2017.
Y hasta hace unas semanas sumaban 505 estudiantes que han demostrado el fraude de directores que no entregan los depósitos correspondientes a las cuotas “solidarias”. Este fenómeno puede crecer en regiones rurales o muy alejadas de la ciudad capital, pues hay funcionarios que cobran “el traslado de los papeles” a las oficinas centrales.
“A nosotros nos retienen mil 600 pesos por llevar de Tuxpan a Xalapa nuestros papeles. Cuando a la directora le pagan viáticos por traslado o la citan y ella tiene que presentarse allá, aun así nos cobran todo”, detalla Mariana.
EL DATO. A la AC que maneja los recursos han ingresado mil 499 millones 493 mil 600 pesos por pago de cuotas.
Hasta alumnos fantasmas
La UPAV estuvo a punto “de ser desconocida por la SEP”, ante las múltiples anomalías que el actual gobierno panista tuvo que asumir ante las quejas y denuncias de estudiantes.
Las presiones obligaron a la rectoría a establecer mesas de trabajo para regularizar títulos ante autoridades federales y hasta crear “el archivo general de expedientes de sus alumnos” con los documentos originales de cada uno.
El panorama es tan grave que mostraba “alumnos fantasmas, venta y expedición de certificados y títulos, faltantes de calificaciones y cuotas de recuperación, alumnos registrados en varias carreras, cuotas no oficiales en varios procesos y egresados sin historial”.
Ante el inminente daño que a lo largo del país causaron actos irresponsables, la Universidad corría el riesgo de ser desconocida por la SEP, provocando declaraciones del propio secretario sobre las visibles anomalías de las que se tenía conocimiento por esa instancia”, reconoce uno de los documentos fechado el 28 de marzo de este año y firmado por la oficina de Rectoría de la UPAV, cuya titular ahora es Maribel Sánchez Lara.
El desaseo era tan extremo en la universidad que no tenía en regla ni el lema que utilizaba. La frase “educación del pueblo y para el pueblo”, ya estaba registrado por la Universidad Popular de la Chontalpa en Tabasco desde 1998. “Situación que generó señalamientos de plagio, por lo que actualmente se someterá a concurso el lema nuevo”.
Y es que la situación de los exalumnos era crítica, no encontraban trabajos. Este semanario buscó a profesores y egresados, quienes tienen miedo de aparecer públicamente y que sus trámites ya no avancen.
La comunidad timada por directores que no reportaron sus pagos presentó denuncias ante la Fiscalía de Veracruz, por fraude y extorsión y a “petición de los jóvenes se inhabilitaron planteles”.
Los cien mil afectados
Uno de los problemas más fuertes que enfrentó la UPAV a finales de 2016 fue la expedición de certificados de bachillerato en estados distintos a Veracruz. Crearon alianzas con otras escuelas y se firmaron 300 convenios en 28 estados de la república, según la Secretaría de Educación de Veracruz.
Los convenios de colaboración, en tiempos de Guillermo Zúñiga y Andrés Blancas, se realizaban con la venta de los programas de educación preparatoria y licenciaturas. En las instituciones se impartían los cursos y un aplicador de Veracruz llegaba para los exámenes finales. El programa estrella era la expedición de certificados de preparatoria, a través del examen único.
En Sinaloa, por ejemplo, el ayuntamiento de Culiacán realizó un convenio con una escuela técnica local para impartir el bachillerato. A su vez el Centro de Estudios Técnicos de Sinaloa (Cotsin) hizo un convenio con UPAV y los certificados de educación media superior fueron emitidos desde Veracruz. Ninguno de los poco más de siete mil documentos expedidos, hay quienes estiman 10 mil, fueron reconocidos en las escuelas de Sinaloa, porque la Universidad no estaba certificada para aplicar ese tipo de exámenes, así que los estudiantes, algunos de ellos policías, se quedaron en la nada.
El programa Centros de Barrio del ayuntamiento sinaloense, dejó igual a los jóvenes que tuvieron que realizar un examen de conocimientos ante el Ceneval o volver a cursar el programa completo. Esta historia se repitió en el resto de los estados, los afectados son 100 mil personas. La UPAV puso en marcha un plan para “contrarrestar las acciones de ilegalidad en las que incurriera la Universidad en administraciones pasadas, como es el caso del examen único de bachillerato”, reconoce el documento fechado en marzo. Se modificaron “logotipos y sellos; y también se generaron y registraron nuevos formatos de los documentos oficiales (…) mismos que contienen 21 candados de seguridad para evitar su plagio”.
Y es que todo era negocio, la UPAV vendía a sólo 15 mil pesos los programas de licenciatura y posgrado y cobraba 200 pesos por alumno inscrito. En el caso del bachillerato 550 pesos trimestralmente.
En la junta celebrada el 5 de septiembre de 2013, por Andrés Blancas Portilla, exrector y cerebro financiero de Guillermo Zúñiga, con 79 universidades privadas más, se establecen los precios desde una credencial a 50 pesos hasta un título de doctorado en cinco mil. Los pagos serían a la cuenta concentradora de la “Alianza para el Fomento del Aprendizaje” número 4043059930 del banco HSBC.
*¿sabías que? Actualmente, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz es dirigida por la rectora Maribel Sánchez Lara.
Títulos “como barajitas”
Durante los casi siete años de existencia de la UPAV se ha cuestionado mucho la validez de los títulos entregados, que sí aparecen en el Registro Nacional de Profesiones, pero no están avalados por ningún Consejo para la Acreditación.
Lo que la universidad debería hacer es registrar sus programas es paso a paso (…) lograr una credibilidad social para continuar con su vida”, sostiene Víctor Arredondo, exrector de la Universidad Veracruzana y exsecretario de Educación de Veracruz. El Copaes alberga a 21 organismos especialistas que certifican desde el área de ciencias de la salud, las ciencias sociales y las exactas. “Actúa como la única instancia autorizada por la SEP, para conferir reconocimiento formal y supervisar a organismos acreditadores”, se establece en su portal web.
Los ciclos para acreditación van de los cuatro a los cinco años y los beneficios para los estudiantes es que son un respaldo académico y una oportunidad para los jóvenes tengan acceso a una movilidad o incentivos para el estudio.
Lo que nos tiene muy preocupadas es el desarrollo de la licenciatura en enfermería (de la UPAV) que no cuenta con el respaldo de un Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (Cifrhs) y no es sólo algo interno, lo marca la Ley Federal de Salud”, revela la presidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermeras, Norma Riego Azuara. Los Cifrhs son los cuerpos colegiados entre los académicos y la autoridades de salud y después de un examen a los programa de estudio y a los centros de estudio, aprueban los espacios clínicos en donde los estudiantes podrán desarrollar sus prácticas. “Es una regla a la que se enfrentan las más de mil 300 egresados de la licenciatura. Es por ello que se encuentran con tantos problemas para obtener trabajo. Un empleador no puede negarle el acceso a la educación a un joven, pero no está obligado a contratar a un egresado sin todas sus credenciales”, añade Riego Azuara.
Los presidentes de Colegios y Grupos de profesionales de todas las ramas universitarias coinciden en que es necesario impulsar a los jóvenes UPAV, pero los directivos deben invertir en instalaciones propias.
(La UPAV) tendrá que enfrentar a estos organismos acreditadores si quieren ser tomadas en serio en la oferta académica”, menciona el exrector Arredondo.
Los estudiantes continúan inscribiéndose en la UPAV como una alternativa educativa. Mariana voltea hacia los lados y se vuelve a peinar el flequillo con los dedos, se muestra insegura, con desagrado, “a veces no sé que tan bueno fue estudiar. A veces pienso que hubiera sido mejor que Duarte no hubiese creado nada”.
Tomado de Eje Central Jair Avalos
