Como parte de la entrega del estudio “Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, Causa en Común reveló que, de enero a junio de 2022, se han cometido en el país, al menos, 3,123 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades. Para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
Durante los primeros seis meses de 2022, se registraron al menos 250 masacres; 856 casos de tortura; 426 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 410 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, y al menos 12 asesinatos de periodistas.
Para reflexionar sobre el tema y presentar el informe semestral, Causa en Común organizó el foro “México, una galería de atrocidades”, con la participación del periodista Luis Chaparro, el especialista en Derechos Humanos, Jacobo Dayán, y la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera.
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Karla Palazuelos Campos comentó que, si bien la acumulación de atrocidades en ciertos estados, corresponde con la operación de grupos de narcotráfico, hay que hablar de diferentes violencias. Los feminicidios, por ejemplo, ocurren en todos los estados y están cambiando tanto en número como en características.
Luis Chaparro señaló que es importante resaltar la violencia indirecta que sufren los periodistas, como lo es la situación precaria en la que viven, ya que quienes han sido asesinados son aquellos que cubren notas locales en una posición de indefensión absoluta. Lo anterior aunado a que son ellos los que se encargan de investigar los nexos entre el gobierno y el narco y sin alguien que los proteja.
Jacobo Dayán señaló que, la visión de que tenemos una violencia a causa de grandes capos de la droga alimenta el discurso de militarizar la seguridad pública. Como ejemplo, apuntó que la tortura es una práctica generalizada y el Poder Judicial ha decidido coexistir con ella sin mover un dedo: hay más de 30 mil casos de tortura y sólo hay 43 sentencias por este delito. Es necesario que las fiscalías planteen otras formas de acceso a la justicia, como sería la revisión de procesos de macrocriminalidad, más que caso por caso.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, destacó que el fenómeno de la violencia extrema es invisible en las estadísticas oficiales de inseguridad, pues el registro de asesinatos no toma en cuenta, para efectos de clasificación, las formas que tomaron los asesinatos y las ejecuciones. Agregó que la idea del informe presentado es contribuir a generar conciencia individual y social sobre los niveles de crueldad a los que hemos llegado.
En relación al tema, la organización propone los siguientes puntos:
- Cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal, al menos: a) reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes; y b) la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.
- Son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.
- Es también evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.
