El Gobierno de Veracruz, encabezado por la morenista Rocío Nahle, contrató en 2026 dos créditos con BBVA México por más de 4 mil 860 millones de pesos que, además de no estar contemplados en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso local, aparecen en registros federales como “refinanciamiento sin autorización”, lo que abre la puerta a posibles responsabilidades administrativas y observaciones de órganos fiscalizadores.
De acuerdo con el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones -administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- los créditos fueron suscritos el 21 de enero de 2026 y formalizados el 25 de marzo, por montos de 2 mil 434 millones 980 mil pesos y 2 mil 425 millones 895 mil 142 pesos.
Ambos financiamientos tienen un plazo de 5,191 días -casi 14 años- con vencimiento en abril de 2040, y una tasa TIIE a 28 días más 0.85%, equivalente a un costo efectivo cercano al 8.82%, lo que compromete participaciones federales a largo plazo.
En el propio sistema de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estos créditos están etiquetados como refinanciamientos sin autorización, un elemento que coloca la operación bajo escrutinio jurídico.
La gobernadora ha sostenido que no se trata de nueva deuda, sino de una reestructura de pasivos heredados con Banobras en condiciones más favorables. Sin embargo, los registros oficiales muestran la existencia de nuevos contratos vigentes, lo que introduce una discrepancia entre la narrativa gubernamental y la información reportada ante autoridades federales.
Sin aval en la Ley de Ingresos
La Ley de Ingresos de Veracruz para 2026, aprobada por la LXVII Legislatura, no incluye autorización para la contratación de financiamientos ni disposiciones que faculten al Ejecutivo a refinanciar o sustituir deuda.
El decreto se limita a establecer un presupuesto de 177 mil 408 millones de pesos bajo un enfoque de disciplina fiscal, sin nuevos impuestos ni endeudamiento adicional.
Posible contravención legal
La legislación vigente establece que cualquier refinanciamiento que implique la contratación de nuevos créditos debe contar con autorización expresa del Congreso local.
En ese sentido, la clasificación de “sin autorización” en el registro federal sugiere una posible contravención a los procedimientos previstos en la Ley de Disciplina Financiera, particularmente en lo relativo a la validación legislativa previa.
Repercusiones legales
Especialistas en finanzas públicas señalan que este tipo de operaciones puede generar diversas consecuencias:
- Responsabilidades administrativas para los funcionarios que autorizaron o firmaron los contratos, por posible ejercicio indebido de funciones o actuación fuera del marco legal.
- Observaciones de órganos fiscalizadores, como el ORFIS a nivel estatal y la Auditoría Superior de la Federación, que podrían derivar en pliegos de observaciones o determinación de responsabilidades.
- Sanciones, que van desde inhabilitación y multas hasta procedimientos resarcitorios si se acredita afectación a la hacienda pública.
- En escenarios más complejos, impugnaciones legales o controversias constitucionales ante la eventual ausencia de autorización legislativa.
- De forma excepcional, responsabilidad penal, en caso de demostrarse dolo, incumplimiento de un deber legal, ocultamiento o daño patrimonial.
Aunque los contratos difícilmente serían anulados por tratarse de obligaciones con instituciones financieras, el foco jurídico recaería en la legalidad del procedimiento mediante el cual fueron autorizados.
Impacto financiero de largo plazo
Más allá del debate legal, los créditos comprometen ingresos estatales hasta 2040, lo que implica una carga financiera que trasciende la actual administración.
Si bien Rocío Nahle habría dicho que la operación generará ahorros por 155 millones de pesos y liberará más de 18 mil millones en participaciones, la falta de claridad sobre su autorización introduce un factor de riesgo institucional.
Bajo escrutinio
La divergencia entre el discurso de la gobernadora Nahle de no endeudamiento, la evidencia contractual y la clasificación en registros federales coloca la estrategia financiera del estado bajo revisión.
El caso no sólo plantea dudas sobre transparencia y legalidad, sino que abre la puerta a procesos de fiscalización que podrían escalar en función de los hallazgos de las autoridades competentes.
