Organizaciones ambientalistas calificaron como limitadas las acciones del gobierno federal tras el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, y advirtieron que persisten omisiones en transparencia, investigación y reparación del daño.
La ONG Oceana consideró que la admisión de responsabilidad por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la separación de tres funcionarios representan “pasos necesarios, pero insuficientes”. Señaló que aún no existen investigaciones independientes completas ni un plan integral de remediación ambiental y social.
En un posicionamiento público, la organización sostuvo que el manejo del caso evidencia “un fallo institucional inaceptable”, particularmente por el ocultamiento de información. Subrayó que reconocer la responsabilidad no es suficiente sin detallar medidas concretas para evitar nuevos incidentes.
Uno de los principales señalamientos es la falta de un cálculo preciso del volumen de hidrocarburo derramado, lo que —indicó— impide dimensionar el impacto real, diseñar estrategias de limpieza efectivas y establecer compensaciones para comunidades afectadas.
El pronunciamiento se da tras el cambio en la versión oficial del gobierno. El 26 de marzo, autoridades atribuían la contaminación a fuentes diversas, incluyendo vertimientos ilegales y emanaciones naturales, descartando daños severos. Sin embargo, el 17 de abril, un grupo científico concluyó que sí existe evidencia de un derrame en instalaciones de Pemex en la zona de Cantarell, aunque sin cifras definitivas.
Pemex informó que la fuga fue detectada el 8 de febrero en un oleoducto y reparada diez días después. También reconoció irregularidades, como el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua contaminada y retrasos en el cierre de una válvula clave. Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía General de la República y el órgano interno de control.
Oceana exigió indagatorias independientes, restauración de ecosistemas y compensación justa para comunidades pesqueras. Además, advirtió que el incidente refleja los riesgos estructurales del modelo energético basado en hidrocarburos, al recordar que, a 16 años del desastre de Deepwater Horizon, sus efectos persisten.
Por su parte, Greenpeace acusó falta de responsabilidad institucional por parte de Pemex y opacidad en la información sobre la magnitud del daño y los costos de remediación. Señaló que los apoyos anunciados a pescadores no sustituyen una reparación integral.
Cabe mencionar que actores políticos y la sociedad veracruzana en su conjunto, han exigido a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ofrecer una disculpa pública por presunto encubrimiento del incidente. Incluso han afirmado que la mandataria minimizó el derrame para no afectar la afluencia turística durante Semana Santa.
También han acusado a diputados de Morena de bloquear la discusión del tema en el Congreso local, lo que ha impedido un debate público sobre las responsabilidades del caso y cuando Nahle es cuestionada por reporteros su actitud es, la de siempre, prepotente y evasiva.
