Antulio Ficachi
A tres días de vencer el plazo para aprobar la nueva reestructura de la bursatilización municipal, el gobierno de Rocío Nahle todavía batalla para reunir respaldos. Apenas 48 de los 199 ayuntamientos han enviado sus actas de Cabildo. La ‘oferta’ tentadora de que el Estado absorba la deuda heredada desde tiempos de Fidel Herrera y libere participaciones federales retenidas, no engatusa a los ayuntamientos.
El problema es que en Veracruz las deudas públicas producen más intereses que resultados. Según la mandataria, los municipios ya desembolsaron casi 3 mil millones de pesos sobre una deuda original de mil 300 millones, sin bajar de forma importante el capital.
En el Congreso, el diputado Esteban Bautista reza para que los ayuntamientos aprueben el ‘bondadoso esquema’ que vende la administración estatal. Pero cuando le preguntaron de dónde saldrá el dinero, respondió que eso le toca explicarlo a la gobernadora. Es decir, el respaldo político ya está; las cuentas, después.
La escena recuerda al fallido intento del gobierno de Cuitláhuac García. La diferencia es que ahora el reloj corre más rápido que las explicaciones.
¿Quién tendrá tanta prisa para hacer más negocios con la deuda pública?
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Como en Xalapa, ahora en Coatepec apareció otro “cártel inmobiliario con fe pública incluida”. Según la denuncia de dos adultos mayores de más de 85 años, primero llegan abogados sonrientes y serviciales, luego aparecen notarios con sello en mano y finalmente entra la policía municipal para recordar quién manda en el terreno. Todo institucional, republicano y en defensa de la propiedad privada.
Los denunciantes aseguran que firmaron testamentos y documentos notariales que terminaron convertidos en una operación de compra-venta de un predio valuado en 1.6 millones de pesos. El detalle es que jamás vieron el dinero. En Veracruz podrá faltar agua, seguridad, medicinas y hasta luz, pero nunca faltará un notario dispuesto a certificar milagros jurídicos, resurrecciones patrimoniales y multiplicación de propietarios. La fe pública parece franquicia del crimen organizado con protocolo notarial incluido.
En la historia aparecen notarías de Xico y Emiliano Zapata, operadores políticos, familiares convertidos en compradores y hasta el alcalde de Coatepec, Ignacio Luna, señalado por enviar policías y encapuchados para impedir el acceso al inmueble de los propietarios. La escena parece mezcla de diligencia ministerial, operativo de desalojo exprés y casting para serie de narcos tropicales. Nomás faltó el mariachi interpretando “Las Golondrinas” mientras cambiaban la chapa y levantaban el acta correspondiente.
Lo más delicado no son las carpetas de investigación, que ya existen y dormirán el sueño burocrático correspondiente entre el archivo muerto y la próxima administración. Lo grave es la frase de una de las víctimas: “No quiero ser madre buscadora”. Pufff, en Veracruz ya no se sabe dónde termina el conflicto patrimonial y dónde comienza el catálogo del horror. Aquí un pleito por un terreno puede terminar en juzgado o en fosa clandestina.
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Mientras en Coatepec se disputan terrenos, en Xalapa la diputada federal de Morena Ana Miriam Ferráez decidió ensayar maniobras de Fórmula 1, pero en reversa. La legisladora chocó contra un motociclista repartidor y después abandonó el lugar, porque a su decir: “Yo estoy viendo mi visibilidad”. Todo quedó documentado en redes sociales, que hoy funcionan mejor que los ajustadores y más rápido que Tránsito.
Según el motociclista, la diputada prefirió el “reversazo estratégico” en vez de avanzar unos metros hacia el retorno. La Territory valuada en más de un millón de pesos terminó convertida en símbolo de la pobreza franciscana versión 4T: camioneta de lujo, seguro fantasma y responsabilidad en modo avión.
Luego del incidente, su compañero de partido, Zenyazen Escobar, descubrió que la travesura de “Lady Asquitos” resultó más eficiente que toda su botarga mediática, pues logró desviar por unas horas los reflectores del YateGate Aquaman de El Estero. Aunque, viendo el ánimo oficial, no falta quien pronto denuncie violencia digital, misoginia automotriz o patriarcado vial por cuestionar un reversazo con perspectiva de género.
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Al parecer en Palacio Nacional siguen defendiendo a Rubén Rocha Moya con la disciplina de quien protege un expediente y no a un gobernador. Claudia Sheinbaum insiste en que el sinaloense “está en su casa”, como si la geolocalización contara como criterio jurídico frente a una acusación en Estados Unidos. Falta que la siguiente defensa sea presentar la foto del gobernador en pijama y pantuflas viendo la mañanera.
Eso sí, la Presidenta aclaró que no habla con los otros implicados. “¿Para qué tendríamos comunicación?”, preguntó con tono molesto. Vaya manera de responder de la clase gobernante. Cuando llega una pregunta incómoda, contestan como si el problema fuera la pregunta y no el expediente. La estrategia es negar, indignarse y esperar a que pase otro escándalo.
Por su parte, Omar García Harfuch confirmó que Rocha conserva seguridad especial tras una “evaluación de riesgo”. Lo único que no quedó claro es si el riesgo proviene del crimen organizado, de la Fiscalía de Nueva York o de que alguien en Morena empiece a soltar la sopa y hasta el postre.
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Y como si faltara presión externa, Donald Trump decidió meterle mano a las remesas. La nueva orden ejecutiva busca endurecer los requisitos para transferencias enviadas por migrantes indocumentados. Habrá más filtros, más vigilancia y más obstáculos para millones de mexicanos que sostienen la economía familiar desde el otro lado de la frontera mientras aquí les mandan discursos patrióticos y ceremonias de soberanía, con abrazos incluidos del crimen organizado.
Las remesas equivalen a 3.5% del PIB y representan oxígeno puro para miles de municipios donde ya no hay empleo, industria, campo, ni gobierno. Pero desde Palacio aseguran que “no hay riesgo inmediato”. Caray, todavía no saben de qué tamaño viene el agujero o ya lo saben y prefieren administrarlo en conferencias mañaneras.
Si Mister Trump aprieta las remesas y México pierde entre 10 y 20 por ciento de esos envíos, el impacto será mesas vacías, negocios cerrados y familias endeudadas. El gobierno “humanista” todavía no reconoce que en muchas regiones del país las remesas ya sustituyeron al Estado, al salario y hasta a los programas sociales. En algunos municipios, el dólar del migrante gobierna más que el alcalde y resuelve más que la Secretaría del Bienestar.
