La Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE), bajo la titularidad de Bárbara Galindo, vive uno de los días más oscuros desde su creación. La institución encargada de fiscalizar el gasto público y garantizar la disciplina financiera en el Poder Ejecutivo enfrenta una crisis de autoridad interna, donde la estructura formal ha sido desplazada por decisiones de facto.
El factor Sánchez Ramos: Estructuras paralelas
Rafael Sánchez Ramos, secretario particular de la contralora dentro de la administración de Rocío Nahle, concentra el control operativo de la dependencia. Reportes internos y antecedentes documentados señalan el uso discrecional de los expedientes de responsabilidad administrativa y la remoción estratégica de titulares en los Órganos Internos de Control (OIC) de las secretarías estatales.
Estas sustituciones han seguido un patrón: la destitución de perfiles técnicos para incorporar a personas alineadas con los intereses de Sánchez Ramos, quien -según testimonios al interior de la dependencia- usa los expedientes de responsabilidades contra servidores públicos como rico filón para medrar.
Además de ello incrusta a incondicionales, cómplices y damas de ‘reputación dudosa’ en la estructura de la dependencia.
El error de cálculo en Comunicación Social
El alcance de este poder fáctico mostró sus límites tras la orden de Sánchez Ramos para destituir a Jorge De la Luz Sierra, ahora ex titular del OIC en la Coordinación de Comunicación Social. El argumento esgrimido para el cese fue una supuesta incompatibilidad con el titular de dicha coordinación, Rodolfo Bouzas Medina.
Sin embargo, el cruce de información directa entre los actores políticos expuso la desconexión en el eje de mando:
La consulta: De la Luz Sierra notificó el despido a Bouzas Medina.
La contraorden: Bouzas Medina -posicionado en el primer círculo de poder de la gobernadora Rocío Nahle- solicitó directamente a la contralora Bárbara Galindo la permanencia del auditor debido al cumplimiento de sus metas de trabajo.
La ejecución: Ajeno a este acuerdo de nivel superior, Sánchez Ramos ejecutó el despido, evidenciando la falta de comunicación y subordinación real hacia la titular de la CGE.
Teléfono descompuesto y consecuencias administrativas
Al revelarse el conflicto de intereses, la oficina de la secretaría particular intentó revertir la destitución, calificándola como un “error” y solicitando el retorno del funcionario cesado.
La respuesta de la Coordinación de Comunicación Social modificó el escenario: De la Luz Sierra rechazó la reinstalación tras ser incorporado directamente al equipo de Bouzas Medina.
El episodio expone no solo la fragilidad institucional de la Contraloría General ante las dependencias que debe vigilar, sino cómo los feudos internos terminan cediendo cuando chocan con el verdadero presupuesto del poder real en el estado.
¿Quién firma y quién manda en la Contraloría de Veracruz?
