- Detalles sobre la presunta petición del expresidente López Obrador para blindar a sus hijos y el avance de las investigaciones estadounidenses contra figuras de la ‘4T’.
En agosto de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión privada con Omar García Harfuch, en el marco de la transición gubernamental. De acuerdo con datos publicados por el analista político Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, tras el encuentro público con el gabinete de seguridad, López Obrador solicitó a García Harfuch, en su calidad de próximo secretario de Seguridad, detener y bloquear las investigaciones que pudieran vincular a sus hijos, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, con actividades ilícitas.
Previamente, el exmandatario había sido notificado por colaboradores sobre los negocios de sus hijos y solicitó apoyo al entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para otorgarles blindaje judicial. Sin embargo, las indagatorias continuaron en el ámbito internacional por parte de autoridades de Estados Unidos.
El expediente por contrabando de combustible y la salida de la Fiscalía General
La información de inteligencia recabada por las autoridades mexicanas vincula a los hijos del expresidente con el contrabando fiscal de combustible, derivado del aseguramiento del buque “Challenge Procyon” en marzo de 2025, el cual transportaba 10 millones de litros de diésel.
A pesar de que la información estuvo en manos de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación formal contra Andrés Manuel López Beltrán por su presunta relación con este esquema de huachicol fiscal, en el cual también se menciona al empresario Raúl Rocha Cantú. Ante la negativa de cerrar dicha investigación, Gertz Manero dejó la titularidad de la FGR.
Cancelación de visas a gobernadores de Morena y alertas en la frontera norte
La estrategia de las autoridades de Estados Unidos se intensificó con cambios en la política exterior hacia la administración mexicana. En mayo de 2025, el Departamento de Estado canceló las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su exesposo Carlos Torres, bajo sospechas de nexos con el Cártel de Sinaloa. Aunque la funcionaria evaluó presentar su renuncia, López Obrador intervino para frenar la decisión, acordando posteriormente una separación civil de su pareja mientras las investigaciones locales avanzaban de forma pausada.
La presión judicial se extendió al estado de Sinaloa, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 10 servidores públicos de colaborar con la facción de “Los Chapitos” para favorecer la elección del gobernador Rubén Rocha Moya en 2021. Rocha Moya solicitó licencia a su cargo a finales de abril de 2026. Tras este suceso, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con López Obrador en su finca de Palenque, acompañada por Lázaro Cárdenas y Jesús Ramírez Cuevas, para evaluar la gravedad del caso y mantener el respaldo político al exgobernador.
Acciones del Departamento de Justicia y el monitoreo de la Cancillería mexicana
Entre los meses de mayo y junio de 2026, el gobierno federal recibió notificaciones sobre la revocación de visas para los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, así como la revisión del estatus migratorio del gobernador de Durango, Esteban Villegas.
Ante la posibilidad de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalice un proceso legal o un señalamiento público en contra de Andrés Manuel López Beltrán, el gobierno mexicano instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, mantener un monitoreo constante de las acciones en Washington. El expediente en territorio estadounidense incluye testimonios de Ovidio y Joaquín Guzmán López, además de la información contenida en las indagatorias previas recopiladas por la FGR sobre el contrabando de hidrocarburos.
