La administración de Claudia Sheinbaum busca cercar la libertad de expresión para blindar la narrativa oficial frente a las crecientes acusaciones de vínculos entre políticos de Morena y el crimen organizado, advierte un reciente análisis publicado en The Wall Street Journal.
De acuerdo con la articulista Mary Anastasia O’Grady, la prisa del Gobierno Federal por implementar los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias responde directamente al escenario electoral de 2027. Frente a la corrupción y el impacto del narco en la política local —temas que amenazan la hegemonía del partido oficialista—, la estrategia central apunta a silenciar las voces disidentes y controlar el flujo informativo en la radio y la televisión.
El “árbitro de la verdad”
El análisis subraya que, con el pretexto de combatir la desinformación, el Gobierno instituyó una instancia estatal con facultades para juzgar la veracidad de los contenidos informativos y sancionar a las empresas de comunicación.
Esta función quedó reservada para la recién creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —organismo que sustituyó al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)—, la cual tendrá el poder discrecional de determinar qué noticias son de “interés público” y cuáles no.
Las consecuencias de esta medida, señala O’Grady, ya generan alarma entre intelectuales, periodistas y empresarios, pues abre la puerta a multas severas y propicia una ola de autocensura por parte de los propios concesionarios de radio y televisión para evitar represalias gubernamentales.
Censura institucionalizada
El reportaje sitúa esta maniobra como la continuación de un proceso de desmantelamiento institucional iniciado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, derivando en lo que califica como un “lento estrangulamiento del pluralismo democrático”.
Ante la imposición de un control estatal indiscutible sobre las transmisiones de radio y televisión, el análisis concluye con una clara advertencia sobre el riesgo en el que se encuentran las libertades cívicas e informativas en el país, dejando en el aire la viabilidad del ejercicio periodístico libre de cara a los próximos comicios.
