Las revelaciones en torno a la gestión de Guadalupe Taddei Zavala en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no dejan de sumar nuevos capítulos. Lo que comenzó como observaciones sobre el uso de recursos y contrataciones públicas ha escalado hasta destapar un complejo esquema de complicidades que combina presuntos choferes “fantasma”,personal con sueldos VIP dedicados a labores domésticas y contratistas favorecidos con cientos de millones de pesos.
Privilegios en la cúpula: choferes de lujo y servicios personales
En el centro de los señalamientos figura Luis Alberto Bustamante Canizales, un colaborador cercano que acompaña a Taddei desde su gestión en el organismo electoral de Sonora. Aunque en la nómina oficial ostenta el cargo de “Líder de Proyecto” con una remuneración mensual cercana a los 70 mil pesos, en los hechos opera como su conductor habitual e incluso como su cocinero personal. A este escenario se suma el uso de una camioneta blindada no registrada en la flotilla del INE, cuya procedencia Taddei justificó como un “préstamo” sin dar mayores detalles del prestamista.
El contraste resulta evidente frente al tabulador de la institución: mientras los choferes adscritos a otros consejeros devengan sueldos de entre 31 mil y 39 mil pesos, los colaboradores del entorno directo de la presidenta disfrutan de claves directivas.
El caso de Jonathan Navarrete Torres eleva la gravedad de los hallazgos. Acreditado oficialmente para el “transporte seguro” de la presidenta bajo el nivel presupuestal LC4 (correspondiente a un Jefe de Departamento), personal del INE reporta su ausencia física en las instalaciones. Sin embargo, Navarrete figura en el Registro Público de Comercio como apoderado legal para “pleitos y cobranzas” de Corporativo Zeg, firma proveedora del órgano electoral bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Millonarios contratos y festejos compartidos
La cercanía institucional contrasta con el vínculo personal exhibido en grabaciones recientes. En videos difundidos en medios nacionales, se observa a Guadalupe Taddei participando en festejos privados junto a José Alfredo Hernández Casillas, apoderado legal de la empresa Cajas Graf.
El vínculo comercial entre ambos es prolífico:
- 2021 (Sonora): Siendo Taddei titular del instituto electoral local, adjudicó un contrato por 46 millones de pesos a Cajas Graf, firma donde el hermano del apoderado presidía el Consejo de Administración.
- 2025 (INE): Cajas Graf obtuvo la asignación de un contrato para la provisión de materiales en la elección judicial por un techo presupuestal de hasta 198.7 millones de pesos.
El entramado de exfuncionarios y la puerta giratoria
Las investigaciones apuntan a una red de colaboradores que han transitado entre la representación legal de las empresas contratistas y cargos clave de decisión dentro de los organismos electorales:
- Jesús Octavio García González: Pasó de ser apoderado legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg a ocupar la administración general del INE por designación directiva.
- Claudia Arlett Espino: Exsecretaria ejecutiva de Taddei; en 2021, al frente del instituto electoral de Chihuahua,asignó 33.8 millones de pesos a Cajas Graf.
- Iliana Araceli Hernández Gómez: Como secretaria ejecutiva en el instituto electoral de Oaxaca en 2024, otorgó 32 millones de pesos a Corporativo Zeg.
Ante la presión mediática y el avance de las indagatorias sobre la red de proveedores, tanto García González como Arlett Espino presentaron su renuncia a sus funciones en el INE.
