Aprobar la reforma eléctrica en los términos en que se presentó al Congreso de la Unión, implicaría poner en riesgo uno de los instrumentos más efectivos que tiene el país para atraer inversión y fomentar el crecimiento que es el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), consideró BBVA Research.
En un análisis, el área de estudios económicos del banco detalló que el Gobierno mexicano puede modificar las reglas del juego del sector eléctrico como pretende, pero destacó que estas acciones vulneran claramente lo establecido por los tratados comerciales, por lo que los costos serán altos y no sólo en términos de energía cara y contaminante, indemnizaciones y represalias, sino también en el daño, tanto a la reputación del país como socio confiable, como en el ánimo de los inversionistas nacionales y extranjeros.
BBVA Research señaló que los cambios propuestos a la ley y la iniciativa de reforma a la Constitución, vulneran el marco institucional que hoy dota de certeza jurídica a las partes involucradas en la generación, distribución y comercialización de electricidad, al incrementar sustancialmente el control del Estado en el sector, a costa de los intereses de los inversionistas privados y de la actividad económica en su conjunto.
De igual forma, agregó, dichas reformas violentan los derechos establecidos por México a favor de los inversionistas extranjeros en diversos tratados de inversión y de libre comercio, en la medida en que vuelven más restrictivo el acceso al mercado eléctrico, además de que representan un retroceso a las garantías otorgadas por el país.
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Abre la puerta a represalias
El documento de BBVA resaltó, en este sentido, que lo anterior abre la puerta a represalias comerciales y pagos indemnizatorios, bajo sólidos argumentos en torno al Trato Nacional, Nivel Mínimo de Trato y Empresas del Estado.
“Asimismo, debilita hacia el futuro la capacidad de negociación y defensa de los intereses mexicanos frente a los diferentes socios comerciales”, abundó.
En su análisis, el banco refirió que, derivado de las violaciones a los compromisos de los tratados, los inversionistas tienen la facultad de acudir ante paneles internacionales que, por la naturaleza de la iniciativa, tendrán altas probabilidades de resultar en laudos desfavorables para México, y traducirse en el pago de compensaciones considerables.
“Igualmente, nuestros socios comerciales, al verse afectados por estas reformas, podrán solicitar el establecimiento de paneles de solución de controversias, con los cuales adquirirían el derecho a imponer represalias comerciales”, expuso.
