Fuerte indignación ciudadana ha producido el ataque a una respetable familia de la capital del estado en el fraccionamiento privado El Porvenir, cuyas consecuencias más lamentables fueron la muerte de una señora de 70 años y las graves heridas causadas a su esposo, el cual convalece a causa del acto criminal que también les ocasionó importantes pérdidas económicas. Pero este desafortunado evento deja preocupantes lecturas.
Mucho se ha escrito en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre la idea o percepción de que, en estos tiempos de la 4T, las decisiones de gobierno y la creciente inseguridad pública están disminuyendo a la clase media nacional. Porque a los millonarios de la élite empresarial nadie los molesta, y del otro lado, la población más pobre es la que se ha beneficiado con las pensiones, becas y demás programas asistenciales del gobierno obradorista.
Y existen tres variables que mueven a esa reflexión: la primera la constituye esa política presidencial conocida como “Abrazos, no balazos”, que ha hecho ver que las fuerzas de seguridad y militares no enfrentan a los peligrosos cárteles delincuenciales y del narcotráfico. La segunda variable es el desconocimiento o abandono de las leyes y reglamentaciones en las instituciones de gobierno, que han ocasionado una relajación y corrupción en casi todos los procesos administrativos en las dependencias y organismos públicos de los tres poderes del estado.
La tercera variable tiene que ver con los programas sociales eliminados o disminuidos, como el de las medicinas a los niños enfermos de cáncer, la decadencia e insuficiencia presupuestal del sistema de salud nacional o el desaparecido programa de guarderías, entre otros.
El reciente acto criminal acontecido en Xalapa se llevó a cabo en una zona de fraccionamientos residenciales cercana a la Central de Abastos. Se trata del Fraccionamiento El Porvenir, una exclusiva lotificación con muchos terrenos baldíos y escasas cinco viviendas con vigilancia privada, de donde, incluso se ha comentado que los criminales se llevaron un vehículo, dinero en efectivo y joyas.
Lamentablemente la intranquilidad social en la región se ha manifestado de diferentes maneras en los municipios cercanos. Ahí quedan para las estadísticas las constantes desapariciones y asesinatos no resueltos de personas vinculadas a sindicatos, políticos, empresarios o exfuncionarios. Robos en cajeros, asaltos a transeúntes o domicilios, aumentan semanalmente las numeralias oficiales y periodísticas.
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Recuérdese el conocido caso de la invasión de terrenos boscosos en Coatepec, donde la fiscalía y la autoridad judicial parecen tener archivado el caso desde 2019, en perjuicio de un numeroso grupo de pequeños propietarios que pagan puntualmente sus impuestos. Otro caso más es el asesinato de la rectora de una universidad particular en la zona de Las Trancas, donde una mujer encarcelada insiste en su inocencia en diferentes medios de comunicación de la Ciudad de México.
Pero la inseguridad e intranquilidad se han manifestado también a través de detenciones de personas por el “delito de ultrajes”, levantamiento de vehículos por innumerables motivos, a cargo de policías estatales. En el lado de los grupos delincuenciales, la clase media se queja de la alta incidencia de secuestros en la región. Por su parte, los emprendedores acusan el imparable cobro de piso que a muchos negocios les afecta y lleva al cierre.
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Al final del día y como se percibe en todo el país, la clase media resulta ser el sector más afectado por todo este tipo de circunstancias. Las autoridades debieran encargarse de procurar estabilidad social, tranquilidad ciudadana y la correcta aplicación de la justicia. Por ahora, mucho le quedan debiendo a la sociedad que observa atenta y decepcionada.
